La Fiscalía se dispone a hacer una gran contratación de funcionarios de la que todos en la entidad están pendientes, y no es para menos, se trata de una convocatoria para proveer vacantes, que no es de poca monta. Son cerca de 3.000 cargos los que tendrá que suplir la fiscalía de Luz Adriana Camargo, pero ya hay ruidos en torno a la licitación para desarrollar el concurso de méritos.
El Sindicato Unidad Nacional de Trabajadores de la Justicia (Unitraj) presentó una solicitud formal a la Procuraduría para que haga vigilancia al proceso licitatorio para “desarrollar el concurso de méritos, para la provisión de algunas vacantes definitivas de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación”, que tiene un monto proyectado de más de 33.700 millones de pesos.
Pero el lío que señala Manuel Alfonso Novoa, presidente del sindicato Unitraj, no tiene que ver con el dinero. Asegura que con este nuevo concurso de méritos elimina de un plumazo y sin mayor justificación el proceso que ya venía en curso. Además, afirma que se redujo, sin estudio ni justificación, la planta de cargos a proveer.
Reseña la solicitud radicada en la Procuraduría que “mediante resolución No. 7057 del 21 de agosto del año 2023, se dio apertura a un proceso licitatorio, mediante el cual se pretendía escoger el operador logístico que adelantara el concurso de méritos para 4.000 cargos, incluidas todas las áreas de Fiscalía”.
Este era el proceso que estaba vigente, pero, según advierte Novoa, “mediante resolución 7427 del 3 de septiembre de 2024, se decidió revocar integralmente la resolución 7057 del 2024, pretextando, la no actualización de los Manuales de Funciones del C.T.I”.
Para Novoa ahí está el error, a su juicio, la Fiscalía tumbó un concurso sin argumentos y para completar no se realizó un nuevo diseño técnico para la escogencia de los nuevos funcionarios, aun cuando las plazas que se iba a ocupar por este concurso eran 1.200 menos.
“Al revocarse, integralmente, el proceso licitatorio, lo procedente era realizar un nuevo diseño técnico del concurso porque se excluían 1.200 cargos del CTI, sin embargo, violentando el principio de planeación, como quiera que no existieron estudios técnicos, ni análisis de mercados de cara esa nueva realidad, esto es, pretender sacar solamente las áreas de Fiscalía y administrativa, se decidió unilateralmente y mediante Resolución No. 8572 de 15 de octubre de 2024, dar apertura al proceso licitatorio, frente al cual estamos llamando la atención de los órganos de control”, se lee en el documento presentado por el sindicato Unitraj.
A juicio de Novoa, en este nuevo proceso no existen estudios técnicos, ni análisis de mercado. Al efecto, solicitado mediante derecho de petición, copia de los mismos, fueron negados, lo que generó fallo de tutela de primera y segunda instancia y, actualmente, incidente desacato.
“No se entiende como mediante Resolución de fecha 3 de septiembre de 2024, se revoca un proceso licitatorio, argumentando la falta de actualización de los manuales de funciones del C.T.I., y al poco tiempo, es decir, al mes siguiente se abre el proceso licitatorio que llama la atención y que presenta el mismo yerro, como lo es la falta de actualización del manual de funciones en el área de Fiscalía y administrativa”, agrega la solicitud.