La Procuraduría General de la Nación le pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, un informe sobre las acciones establecidas para la prevención de violencia sexual por parte de la fuerza pública, con evidencias de los protocolos de reacción inmediata puestos en marcha ante la comisión de estos delitos.
El ente de control le solicitó a esta cartera el reporte de las acciones emprendidas desde el año 2015 a la fecha, para garantizar que los mandos superiores ejerzan medidas concretas que prevengan conductas de violencia sexual de sus subalternos, y asegurar que “el personal bajo su supervisión sea consciente de que son inaceptables estos comportamientos y que no serán tolerados en ninguna de las fuerzas”. El Ministerio Público también requirió precisar el estado actual de la política en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, equidad y prevención de la violencia basada en género del Ministerio de Defensa, y remitir informe sobre su implementación y evaluación, así como los mayores logros y obstáculos encontrados y el presupuesto asignado para su desarrollo.
Además, para el ente de control es importante contar con información sobre las acciones desplegadas por el Ministerio de Defensa para fortalecer los procesos de formación en prevención de violencia sexual y el respeto por los derechos humanos, el avance del programa de acercamiento a la comunidad local para explicar la política de ‘Tolerancia Cero frente a la Violencia Sexual’, y el mecanismo establecido para que personas puedan presentar quejas en un entorno confidencial. Así mismo, solicitó el “reporte sobre el procedimiento de recolección de información de las quejas contra integrantes de las fuerzas armadas, por la presunta comisión de conductas que impliquen violencia sexual, y señalar el procedimiento de respuesta y seguimiento a cada una de ellas”.
Por último, la Procuraduría exigió a MinDefensa el protocolo de reacción inmediata ante la noticia de un hecho de violencia sexual cometido por uno de sus integrantes, o en zonas que se encuentren bajo su control, según la entidad, para garantizar la aplicación coherente de los procedimientos disciplinarios, y el traslado inmediato de la denuncia a la justicia ordinaria para su correspondiente investigación.