El Sistema Integral para la Paz, como materialización de la decisión de optar por salidas negociadas al conflicto armado, hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano a propiciar o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca.
En un comunicado del Sistema Integral, indican que lo que viene ocurriendo y las amenazas que se están concretando en contra de la población, y exigen una respuesta humanitaria que desincentive más ataques en contra de la vida, la libertad y la integridad de los habitantes de este territorio.
Desde el 2 de enero, Arauca ha vuelto a vivir el enfrentamiento entre actores armados, en especial las disidencias de las FARC y el ELN.
Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, Arauca capital, y Cubará (Boyacá) están siendo los territorios más afectados, según indica el Sistema Integral para la Paz.
Así mismo, durante estos veinte días de 2022 se han presentado al menos 34 homicidios; se han recibido 269 declaraciones de desplazamiento forzado, con un aproximado de mil personas desplazadas; dos secuestros; confinamiento de comunidades indígenas; amenazas generalizadas a líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), y riesgos para las personas en proceso de reincorporación.
Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado, y el ataque directo a ellos, parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia.
El hecho más reciente es el del carro bomba detonado el 19 de enero en el municipio de Saravena que ocasionó daños físicos a los edificios del Terminal de Transporte, Asedar, SENA e ICA y que produjo la muerte de una persona de vigilancia.
La detonación afectó también al edificio Héctor Arilo, que al parecer era el objetivo principal del atentado dado que allí se encontraban líderes de distintas organizaciones sociales del territorio, cinco de los cuales resultaron heridos.
“El impacto es muy alto para el ejercicio del liderazgo, la defensa de los derechos humanos y la participación. Las voces de la comunidad se siguen silenciando y se extienden el miedo, el dolor, la angustia y la incertidumbre”, afirma el mismo comunicado.
Además, indica que se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, perder hijos, familia y amigos, quedando muchas de las comunidades fracturadas y divididas y dejando un saldo de mil personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos, campesinos y campesinas desparecidos.
“La agudización de esta situación nos lleva a una reflexión sobre los motivos y las condiciones de la persistencia de la confrontación armada. El abandono estatal, la corrupción, los problemas de la tierra y el territorio, las economías ilegales y una democracia debilitada mantienen vivas las situaciones de violencia”, se detalla.
Asimismo, el Sistema Integral para la Paz hizo un llamado a los actores armados a que respeten los “Mínimos Humanitarios”, una estrategia que nació de la comunidad araucana para clamar el respeto por la vida y la disminución del impacto del conflicto a la sociedad civil.
Finalmente, se hicieron las siguientes recomendaciones esperando que cuenten con el respaldo de la sociedad, de las agencias y de los organismos nacionales e internacionales:
- Acciones inmediatas para atender la situación humanitaria.
- Propiciar desde el nivel nacional un escenario de diálogo con organizaciones, que permita promover el acompañamiento de la Iglesia católica en una eventual mediación.
- Consolidar un escenario de monitoreo y seguimiento sobre la dinámica del conflicto en el territorio.