En una audiencia que se extendió por cinco horas, la Fiscalía General sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En su sustentación, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que Sandra Ortiz representa un peligro para la sociedad y puede afectar el normal transcurso de la investigación mediante la eliminación de pruebas y evidencia.

Para sostener lo dicho, la fiscal indicó que en los chats que tuvo en octubre de 2023 con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quedó en evidencia que se borraron varios mensajes. Igualmente, en las conversaciones se utilizaba “lenguaje cifrado”.

La entonces consejera presidencial para las regiones dio instrucciones con el fin de evitar llamar la atención mientras se transportaban las maletas con los 3.000 millones de pesos rumbo al domicilio del senador Iván Name, en el norte de Bogotá.

“Eliminar y modificar mensajes, utilizar lenguaje cifrado y transitar por lugares más reservados”, aseveró la fiscal del caso. “Mediante informe de investigador de campo FPJ-11 del 28 de noviembre de 2024, suscrito por el investigador del CTI Juan Carlos Pinzón Peña, estableció, a partir de la información recopilada de los medios abiertos de información, cómo Sandra Ortiz modificó las conversaciones de WhatsApp sostenidas con (Sneyder) Pinilla Álvarez, cercenando apartados importantes que incriminan su participación directa en los hechos jurídicamente relevantes”.

La fiscal indicó que existen serias dudas sobre las declaraciones que rindieron los integrantes del esquema de seguridad de Sandra Ortiz. “Es probable que en la actualidad se estén llevando a cabo acciones para eliminar información”, alegó.

“Señoría, ayer (lunes), la Fiscalía obtuvo de la Unidad Nacional de Protección información de los GPS de los vehículos usados por Sandra Ortiz para la época de los hechos de los resultados de este acto investigativo”, explicó.

Frente a esto, indicó: “Llama la atención el registro del 12 de octubre de 2023 para el vehículo principal, es decir, en el que se movilizaba la imputada, de placas JVV-973. El cual arrojó como último registro a las 16:12; dato contraevidente a la información que reposa en la actuación y aquí manifestada. El pasado 25 de noviembre se escuchó en declaración jurada al hombre de confianza de la imputada (…), escolta de la UNP, quien bajo la autoridad de juramento dijo que conocía a Sandra Ortiz Nova desde el año 2016, cuando trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo como conductor para la época de los hechos; era el hombre de seguridad de esta y se desplazaba con ella dentro del carro principal para el 12 de octubre de 2023″.

En su declaración, según citó la Fiscalía, el escolta aseguró que “no recuerda haber estado en el edificio Basel 1, pero sí tiene presente que estuvieron en horas de la noche acompañando a la protegida a cenar en el norte de Bogotá. En la actualidad, esta persona, su señoría, es escolta de la hija de la imputada”.

Sin embargo, los análisis de los dispositivos GPS de las camionetas del esquema de seguridad de Sandra Ortiz arrojaron registros para después de las 4 de la tarde y los ubican ese día en el edificio Basel 1, donde está ubicado el apartamento de propiedad del senador Name Vásquez. Lo mismo ocurre, señoría, con el análisis de la ubicación de los teléfonos celulares, entre ellos el de Sandra Ortiz, que la sitúa en el mismo inmueble”.

En la sustentación de la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía General manifestó que por la gravedad de los delitos imputados (tráfico de influencias y lavado de activos), así como los sucesos que, rodearon los hechos materia de investigación, la detención domiciliaria ni la libertad condicional pueden pedirse en este caso.

“Su señoría, usar el lenguaje cifrado como ‘pendiente de las 11 de la mañana’, no es otra cosa que querer mantener oculto e impedir la producción del medio de conocimiento, pues qué mejor evidencia que aquella donde se inmortaliza la materialidad de la conducta y la responsabilidad del sujeto activo de la misma”, explicó la fiscal.

Igualmente, advirtió que existen serios indicios que demostrarían la puesta en marcha de un plan con el fin de ocultar su participación y conocimiento en estos hechos de corrupción junto a los otros integrantes de la “empresa criminal” que se conformó para desviar millonarios recursos públicos.

“Para este fin, eliminar y modificar los mensajes, usar un lenguaje cifrado y transitar por lugares menos concurridos con el que no ser detectada en la comisión del delito son presupuestos objetivos que permiten evidenciar actos de obstrucción a la justicia”, alegó la fiscal.

Este martes, la Fiscalía puso de presente la forma en cómo se entregaron las dos maletas con 1.500 millones de pesos al senador Iván Name.