La Fundación de Defensa de Inocentes, que lidera el exdiputado del Valle Sigifredo López, señaló este miércoles que pedirá a la JEP que expulse de la jurisdicción a exmiembros de las Farc que habrían faltado a los compromisos adquiridos.

Según la fundación, exintegrantes de las Farc manifestaron ante el organismo que no era política asesinar a las personas que extorsionaban, algo que, según ellos, no es cierto.

“La Fundación de Defensa de Inocentes informa que los integrantes de las Farc están mintiendo a la sociedad colombiana y a la JEP cuando afirmaron que no era política asesinar a las personas que extorsionaban; la fundación tiene pruebas de lo contrario”, dijo en un comunicado.

“Esas afirmaciones constituyen una falta grave a los compromisos que las Farc hicieron en el Acuerdo de Paz, ya que están mintiendo, están diciendo verdades a medias, ocultando la verdad y ello constituye un incumplimiento a los compromisos adquiridos, lo cual acarrea unas sanciones legales como la expulsión de la Jurisdicción Especial para la Paz”, agregó.

“La Fundación solicitará a la JEP que llame a todas las víctimas acreditadas y aportará nombre de víctimas. Una vez se compruebe este evento, la JEP debe expulsar a los autores de las mentiras de dicha jurisdicción para que sean juzgados ante la justicia ordinaria”, sostuvo.

De acuerdo con la Fundación de Defensa de Inocentes, “no es la primera vez que las Farc mienten ante la JEP. Mintieron en el relato sobre como ocurrió la masacre de los once diputados. Mintieron cuando afirmaron que los secuestrados estaban en buenas condiciones, que nunca cometieron actos crueles e inhumanos”.

“Las Farc han incumplido con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz porque no han reparado a las víctimas, porque no han dicho la verdad plena y porque han revictimizado y ello constituye faltas al proceso de no repetición”, subrayó.

Detalles del revelador informe que militares y policías víctimas de minas antipersona entregarán a la JEP

“Dolor, superación y gloria, historias silenciosas de una guerra no escuchada”, así se titula el documento de 120 páginas que reúne la versión de quienes portando el uniforme fueron víctimas del empleo sistemático de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, elaborado por la corporación MilVíctimas y que será entregado en las próximas horas a la JEP.

SEMANA conoció, en exclusiva, detalles del informe que, entre otras cosas, insiste ante la Justicia Transicional por denuncias sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos por las Farc en contra de la Fuerza Publica y la población civil colombiana, por medio de la utilización de métodos y medios ilícitos de guerra. Igualmente, señala la Corporación, “evidencia la exclusión y revictimización a la que han estado sometidas durante años las personas militares y policías víctimas de estos hechos y sus familias, quienes aún hoy en día se enfrentan a barreras y dificultades para acceder a su reconocimiento como víctimas ante los organismos del Estado y la sociedad”.

En total, son tres capítulos. El primero de ellos se titula Hagamos memoria, y aporta cifras y contexto sobre la utilización de métodos y medios de guerra, poniendo en evidencia la manera en que las Farc instauraron en su accionar criminal la guerra de minas como una política despiadada que pretendía afectar no solo de manera indiscriminada a la ciudadanía y la Fuerza Pública, sino también desmoronar la moral de las tropas, generar ventaja estratégica sobre las tropas, afectar la economía de Estado y dar origen a una generación de miembros de la Fuerza Publica lesionados, amputados y con altos índices de discapacidad en sus filas, tal como se describe en el Plan Renacer, de las Farc.