Después que el Consejo Nacional Electoral anulara la inscripción de 1,6 millones de cédulas para las próximas elecciones, se siguen conociendo casos muy particulares de trashumancia.   Una de las inscripciones anuladas fue la de la cédula 29.539.842, que identifica a Lucy Jimena Toro Torres. Ella fue elegida concejala de Bogotá, a nombre del partido de la U, en las elecciones del 2011. Su periodo como cabildante termina el próximo 31 de diciembre y a pesar de que desde el 2009 ha sufragado en el puesto de votación del barrio Santa Ana, en el norte de la capital, decidió inscribirse para votar este 25 de octubre en su ciudad natal, el municipio de Guacarí, en el Valle del Cauca.   El CNE, según resolución 3083 del pasado 24 de septiembre, anuló la inscripción de 630 cédulas inscritas en ese municipio al calificarlas como trashumantes. Es decir, correspondientes a personas que se inscribieron en un lugar distinto al de su residencia, conducta que es calificada como delito por el código penal.   Probablemente, la concejala Lucy Jimena decidió inscribirse en su pueblo natal para votar por su hermana Dilian Francisca, quien aspira a la gobernación del Valle del Cauca por el Partido de la U. Tras la decisión del CNE, la concejala no tendrá esa posibilidad, y si quiere ejercer su derecho al voto solo lo podrá hacer en Bogotá.   Sin embargo, por ser funcionaria pública, la inscripción de la cédula en Guacarí le podría significar un proceso disciplinario por trashumancia. Semana.com conoció una queja que fue interpuesta el pasado 16 de septiembre por William Marmolejo, de la Red de Veedurías, en la que le pide directamente al procurador general, Alejandro Ordóñez, abrirle una investigación. En la queja se señala que la concejala Toro habría violado el artículo 48 del Código Disciplinario, el cual califica como “falta gravísima” haber incurrido en los delitos tipificados en el Código Penal. Uno de ellos, el de trashumancia, que en la ley se denomina bajo el nombre de “fraude en inscripción de cédulas”. Esta conducta contempla penas entre 4 y 9 años de prisión (según el artículo 389 del Código Penal), y en la órbita disciplinaria, al ser considerada como “falta gravísima”, podría significar la destitución del cargo y la inhabilidad para aspirar y ejercer cargos públicos. El procurador Alejandro Ordóñez tendrá la última palabra. De momento, Lucy Jimena Toro no podrá votar por su hermana Dilian Francisca, un voto menos que tendrá la candidata a la gobernación del Valle. “No estoy cometiendo ningún delito”   La concejala Toro se enteró por este medio de la queja disciplinaria interpuesta en su contra en las últimas horas, y se mostró confiada en qué no le significará problemas porque no está cometiendo delito alguno, asegura. En diálogo con Semana.com dijo que inscribió su cédula en Guacarí para votar por su hermana, pero además por tratarse de su ciudad natal. “Mi cédula es de ese municipio, mis padres viven allá, tengo todas mis cuentas en el municipio y tengo una finca familiar. Todos los vecinos pueden demostrar que cada ocho días viajo a Guacarí, y eso no es trashumancia porque además no estoy aspirando a reelegirme en el Concejo de Bogotá”. Según Toro el asunto ya está en manos de su abogado que presentará un recurso contra la decisión del CNE que anuló la inscripción de su cédula. Y no precisamente para habilitar su voto el domingo, pues ya se resignó a no acudir a las urnas. Pero sí para evitar problemas futuros, como los que se le puedan presentar en la Procuraduría.