El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, aseguró que el procurador delegado José Enrique Sanjuán ha sido objeto de matoneo e incluso amenazas por redes sociales al pedir la preclusión del proceso que se está adelantando en contra del expresidente Álvaro Uribe.
Según Bustos, en Colombia no se están respetando las decisiones judiciales ni las labores de los funcionarios que ejercen funciones en este tipo de procesos. Por esa razón, pidió a la Unidad Nacional de Protección proteger la integridad del procurador ante la gravedad de los escritos en redes sociales.
“En un proceso penal cada uno de los intervinientes cumple con un rol determinante que al final le da garantías al procesado, a la sociedad y, por supuesto, a la Nación. En es ese sentido, las decisiones judiciales y los conceptos de los sujetos procesales como las posiciones que cada una de las partes asuma en el proceso, son sometidas a controles periciales y a la normatividad vigente, motivo por el cual se debe respetar lo establecido en la ley y en la Constitución”.
Aclaró que no conoce al funcionario del Ministerio Público y que en Colombia no se puede permitir que haya señalamientos en contra de quienes están cumpliendo con su labor en procesos penales.
“Enviaremos un escrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que garantice la vida y honra del procurador delegado para el caso Uribe, porque este funcionario público está cumpliendo con su deber. Consideramos que el matoneo moral al que está siendo sometido este funcionario, además de ser un error y un equívoco de cara a la función que debe cumplir en un proceso penal donde existen garantías, se podría generar un temor en futuras audiencias y, por consiguiente, crear espacios de incertidumbres en las garantías procesales a las que cualquier ciudadano tiene derecho”, dijo Pablo Bustos.
La posición de la Procuraduría
Para la Procuraduría es claro que el expresidente Álvaro Uribe no dio instrucciones, a partir de los elementos de prueba, al abogado Diego Cadena para obtener o buscar personas que lo acompañaran en el supuesto propósito de incriminar al senador Iván Cepeda. Para el Ministerio Público esa hipótesis, que tuvo efecto en la Corte Suprema de Justicia, aquí no es tan evidente.
“Los servicios que requirió el expresidente Álvaro Uribe de Diego Cadena fue más de investigador que de abogado, para recolectar y constatar la información que permite conocer en detalle a las personas y verificar la información que le había llegado de voz del abogado Abelardo de la Espriella”, dijo el procurador.
La Procuraduría señaló que en ese momento el abogado Diego Cadena no tenía antecedentes o investigaciones, lo que indica, en criterio del procurador, que no había motivos para sospechar de Cadena. “No se demostró que Cadena en febrero de 2017 tuviera antecedentes penales, o investigado… no había motivos para sospechar de Cadena… las víctimas dicen que son análisis dignos de verificación”, dijo el funcionario.
El delegado de la Procuraduría se remitió a los detalles de las declaraciones que reposan en el expediente: de Juan Guillermo Monsalve y otros testigos, que por un lado advierten las actividades de Cadena, y por el otro, de las incoherencias en las declaraciones del llamado testigo estrella de la Corte Suprema contra el expresidente.
El procurador leyó varias de las declaraciones para entender lo que llamó las incoherencias del testigo Monsalve. “Empezó que yo le diera la declaración. Me decía que un importante abogado iba a ir a visitarnos al patio donde estábamos Enrique y yo, solos, para que yo hablara con él de ese tema y que me decía que yo llevaba tanto tiempo ahí y nadie había hecho nada por mí; que ellos sí me iban a solucionar con tal de que yo hablara (a favor de) Uribe y en contra de Iván Cepeda”, señala la declaración de Monsalve en la Corte Suprema.
Para la Procuraduría, Monsalve fue quien buscó a Pardo para que le ayudara y evitar su traslado a Valledupar. Enrique Pardo dijo que tenía cómo llegar a la gente de Uribe, pero la interpretación lleva a concluir que conocían a alguien, no que se pudieran comunicar de manera directa con el exmandatario.
“Juan Guillermo Monsalve cambia su declaración diciendo que un abogado de apellido Lombana lo estaba buscando para retractar su declaración. Pardo allí me decía que si yo podía recibir (a) un abogado muy importante y yo le dije que no”, son dos versiones, en criterio de la Procuraduría, que resultan contradictorias porque en una Monsalve dice que estaba buscando cómo llegar al expresidente Uribe y en otra que lo buscaron a él.