La excongresista Piedad Córdoba citó a una rueda de prensa en Bogotá para denunciar lo que a su juicio es una extorsión que se estaría fraguando desde Estados Unidos. Según Córdoba, fue contactada a través de mensajes de WhatsApp y un correo que corresponde a la embajada de Colombia en Estados Unidos.
Según el relato, esto ocurrió el pasado 10 de febrero y su interlocutor se presentó como Mario Hernández, funcionario consular, quien le envió un correo en donde se le ofrece un video “que involucra, entre otros, a los embajadores Juan Carlos Pinzón y Alejandro Ordóñez, así como al funcionario estadounidense Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, conspirando para mi extradición y la siembra de nuevos montajes judiciales en medio de la actual campaña electoral”.
Según Córdoba, después de recibir el correo fue contactada nuevamente desde una línea colombiana en la que se le pedía una cita personal para exigirle dinero a cambio del video y evitar acciones judiciales contra ella y su familia.
“Esta acción irregular a todas luces representa un hostigamiento en contra de la oposición política y busca intervenir en las elecciones parlamentarias y presidenciales en curso. Lamentablemente no es la primera vez que se presenta un modus operando similar. Esta extraña acción es calcada de la realizada el año pasado contra la senadora Victoria Sandino y otros firmantes del acuerdo de paz, como registró en su momento El Espectador”, dijo.
Córdoba aclaró que en la embajada de Colombia en Estados Unidos trabaja el hijo del empresario Mario Hernández en el cargo de ministro consejero de asuntos económicos y que coincidiría con la persona que la contactó. Sin embargo, dice que puede tratarse de otra persona que esté utilizando el nombre del diplomático y que por eso las autoridades deben investigar lo que está pasando.
“Exijo a la canciller Marta Lucía Ramírez dé las explicaciones ante la opinión pública y las autoridades ante la supuesta acción de los funcionarios a su cargo, tanto de la extorsión a nombre del señor Hernández, como de los hechos informados que involucran al personal diplomático bajo su responsabilidad. Es inaceptable que se siga guardando silencio ante esos hechos delictivos en medio de la creciente ausencia de garantías para el ejercicio de la política”, señaló Córdoba.
Además, pidió a la Fiscalía General abrir investigaciones de rigor para determinar la veracidad de lo ocurrido. La petición se extendió al gobierno de Estados Unidos por considerar que sus denuncias deben ser investigadas en ese país.
A juicio de la aspirante al Congreso del Pacto Histórico, todo esto obedece a “un entrampamiento” que tiene como único fin hacerle daño a sus aspiraciones políticas. “He sido víctima sistemática de persecución política desde mi participación en el Partido Liberal y por mi compromiso irrestricto con la paz y los cambios sociales”, agregó.
Por último, reiteró que no se apartará de su aspiración al Congreso y que no se dejará “amedrentar por este tipo de situaciones que buscan frenar una carrera política”. Para Córdoba esta persecución política se genera desde que anunció su aspiración política en la lista del Pacto Histórico y por el temor, dice ella, que hay en el país ante la posibilidad de que Gustavo Petro sea presidente de Colombia.