Un verdadero alboroto político se dio en el país con la inesperada petición del candidato presidencial Gustavo Petro a la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba, para que suspendiera cualquier tipo de actividades relacionadas con el apoyo a su campaña por los líos y cuestionamiento jurídicos que enfrenta. En su cuenta de Twitter, como ya es habitual, Petro le envió un mensaje directo a Córdoba para que se alejara hasta que pueda resolver “las sindicaciones jurídicas que se le hacen”.
Pero, ¿cuáles son las sindicaciones jurídicas que se le hacen a la exsenadora liberal por las que Petro le solicitó distancia? Desde hace un año, en la Corte Suprema de Justicia se empezó a mover nuevamente una investigación contra Piedad Córdoba por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc y un aprovechamiento para beneficio propio de las labores humanitarias que adelantó para la liberación de personas que estaban secuestradas por dicho grupo armado ilegal.
La acusación es de extrema gravedad, la gestión que supuestamente realizó la senadora, con el respaldo del Gobierno de Venezuela, para buscar la entrega de secuestrados por las Farc, habría tenido, más allá de la supuesta labor humanitaria, un interés político de posicionamiento para la reelección de Chávez en su momento y para darle oxígeno político a la guerrilla.
El despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, revivió el proceso con la práctica de pruebas documentales y testimoniales, incluso citó a la misma excongresista para que declarara sobre las acusaciones que existían en su contra. Pese a que en un momento Córdoba se mostró dispuesta a comparecer para “aclarar todo”, en tres oportunidades pidió un aplazamiento de la diligencia argumentando motivos y compromisos personales. Al final, dijo que no asistiría más a las citas con la justicia.
Así lo notificó el pasado 14 de febrero la defensa de la exsenadora, cuando envió un oficio a la Corte en el que señalaba que no iba a asistir a declarar. La magistrada Lombana aceptó el desistimiento pero siguió con la práctica de las pruebas testimoniales, entre ellas, las de Andrés Vásquez, quien durante años fue uno de sus asesores más cercanos en el Congreso y la acompañó en la labor humanitaria.
En su declaración, Vásquez confirmó que dentro de la guerrilla de las Farc, Piedad Córdoba era conocida con el sobrenombre de ‘Teodora Bolívar’. Sin embargo, su declaración no quedó ahí puesto que aseguró que la entonces senadora tenía comunicación directa y constante con los comandantes de las Farc, e integrantes activos del Secretariado, ‘Raúl Reyes’ y el ‘Mono Jojoy’.
En su labor humanitaria ―avalada por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez―, la senadora habría retrasado la liberación de varios secuestrados, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien al final de cuentas fue liberada en la Operación Jaque el 2 de julio de 2008.
Cuando se le preguntó por los motivos que llevaron a este retraso, Vásquez respondió sin titubeos que se trataba de un plan para que la liberación coincidiera con un acto de campaña del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y así lograr un aumento en su popularidad puesto que se le quería presentar como una persona clave para la liberación de Betancourt.
Para nadie era un secreto la estrecha relación de Piedad Córdoba con el régimen de Chávez, puesto que había aparecido junto al presidente venezolano en varios actos públicos y eran constantes sus manifestaciones de apoyo. En su declaración ante la Corte, Vásquez confirmó que en efecto existía una estrecha relación, además, con el empresario colombiano Álex Saab Morgan, uno de los hombres más cercanos al chavismo y considerado el testaferro tanto de Chávez como de Nicolás Maduro.
“Hasta el final de mi gestión, encomendada directamente por Piedad Córdoba, el gobierno de Venezuela había aprobado un monto importante de la deuda de 29 millones de dólares a las empresas de Álex Saab y otros no, por investigaciones de importaciones ficticias, manipulación de divisas y fraude aduanero”, aseguró el exasesor.
Como lo reveló SEMANA, Saab ―por medio de una de sus empresas― le había pagado pasajes aéreos a Piedad Córdoba para que viajara con sus hijos y varios familiares. Con esta evidencia se abrió una nueva línea de investigación contra la exsenador apara establecer si en efecto fue beneficiaria de estos tiquetes, el motivo por el cual viajó a Venezuela y su relación con el cuestionado empresario.
El nombre de Córdoba, igualmente, aparecía en un documento presentado por la Asamblea del Ecuador en el que revelaba el movimiento irregular de dinero desde una empresa de Saab (Fondo Global de Construcción, Foglocons) en un entramado de lavado de activos, el cual puso en riesgo “la liquidez de toda la economía” ecuatoriana. En el documento de 125 páginas se revelaba que Piedad Córdoba y sus hijos tenían conocimiento claro sobre estas actividades irregulares.
No sería la primera vez que la dirigente política colombiana tendría un vínculo de este tipo con Saab, puesto que ha habría utilizado una de sus empresas para mover transacciones y evitar llamar la atención de las autoridades. El empresario le habría prestado una de sus cuentas bancarias para que realizara el movimiento del dinero.
La defensa de Saab, quien se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos enfrentando varios cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ha negado estos señalamientos, desvinculándose con la electa senadora del Pacto Histórico.