Una recusación presentada en contra de la magistrada Cristina Lombana tiene frenado, desde hace dos meses, la investigación que se adelantaba en contra de la senadora electa Piedad Córdoba por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc. En la actualidad, el magistrado César Augusto Reyes Medina evalúa si existen méritos o no para avalar la recusación.

Mientras no tome una decisión de fondo, el auto que ordenaba la práctica de pruebas documentales y testimoniales queda suspendido. La magistrada Lombana había solicitado la declaración del general venezolano Cliver Antonio Alcalá Cordones, quien actualmente se encuentra recluido en el Westchester Country Department of Correction, en Nueva York (Estados Unidos).

El oficial en retiro fue convocado por, presuntamente, conocer las relaciones entre Piedad Córdoba con altos funcionarios del régimen venezolano, entre estos, los que manejaban la Comisión Nacional de Administración de Divisas y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. La dirigente política habría obtenido recursos económicos de diferentes entidades en Venezuela.

Córdoba Ruiz habría logrado un beneficio económico para ella y su núcleo familiar. “El dinero obtenido con estas operaciones financieras, se infiere, fue utilizado una parte para enriquecer ilegalmente a la investigada y a su círculo familiar y por otra, a la realización de diversos eventos de carácter político que buscaban que la investigada obtuviera una posición de poder privilegiada en Colombia, para su beneficio y el de la organización criminal”.

En el segundo semestre del 2021, la magistrada ordenó la práctica de varias pruebas testimoniales con el fin de establecer si, en efecto, la entonces senadora abusó de su condición como mediadora para la liberación de secuestrados que estaban en poder de ese grupo guerrillero desde varios años.

Allí, se encontraban dirigentes políticos e integrantes de la Fuerza Pública y, en el desarrollo de las investigaciones, se recibieron las declaraciones de varias personas que trabajaron con Córdoba y tenían conocimiento de sus actividades.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo cerca de siete años secuestrada por las Farc, le aseguró a la Corte que tenía conocimiento que Piedad Córdoba había aplazado su liberación, puesto que estaba esperando un momento justo para dar un golpe de opinión y así beneficiar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Betancourt fue un poco más allá y aseguró que dentro de la estructura guerrillera la senadora era conocida con el alias de Teodora de Bolívar, haciendo énfasis en que siempre tuvo frente al control de las liberaciones.

“Cuando ‘Teodora’ ―Piedad Córdoba― escribe que ‘no suelten a Ingrid porque ella siempre ha sido flaca’, ignora que yo en ese momento me estoy muriendo, es decir, estaba en una situación de salud muy complicada”, añadió en su momento, confirmando así, en parte, lo reseñado en el computador del abatido comandante guerrillero, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes.

En varios correos electrónicos se manifiesta la relación con el secretariado de las Farc. Sin embargo, estas pruebas no fueron tenidas en cuenta, puesto que en 2011, la Corte Suprema de Justicia consideró que se había vulnerado la cadena de custodia tras el operativo en el que fue abatido Reyes, en marzo de 2008, en una zona fronteriza con Ecuador.

Por su parte, Andrés Vásquez Moreno, quien fue asesor de Córdoba, aseguró que la dirigente política sí era conocida con los sobrenombres de Teodora y Gaitán. Igualmente, mencionó que ella tenía una comunicación constante y directa con los integrantes del secretariado de las Farc, Raúl Reyes y el Mono Jojoy.