La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad de la investigación que actualmente adelanta contra la senadora Piedad Córdoba Ruiz por sus supuestos nexos con el empresario Álex Saab y la guerrilla de las Farc. Este expediente se encuentra actualmente en el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
La congresista del Pacto Histórico había recusado a la magistrada y pedido la nulidad del proceso al considerar que no contaba con las garantías por parte de Lombana, señalando falta de imparcialidad. Sin embargo, en una votación reñida de cuatro votos contra tres, la Sala de Instrucción negó las pretensiones.
Para la defensa de Córdoba, en medio de la etapa preliminar –recolección de pruebas– la magistrada había sido “hostil”, intentando prejuzgarla y vincularla a la fuerza como Saab –uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro– y con el Secretariado de las Farc. Igualmente, cuestionó la falta de competencia para que el alto tribunal asumiera esta investigación. Sin embargo, la Sala de Instrucción fue clara en señalar que los hechos que se indagan se presentaron cuando Córdoba tenía fuero de senadora.
A mediados de 2022, la magistrada Cristina Lombana había solicitado la declaración del general venezolano Cliver Antonio Alcalá Cordones, quien actualmente se encuentra recluido en el Westchester Country Department of Correction, en Nueva York (Estados Unidos).
El oficial en retiro fue convocado por, presuntamente, conocer las relaciones entre Piedad Córdoba con altos funcionarios del régimen venezolano, entre estos los que manejaban la Comisión Nacional de Administración de Divisas y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. La dirigente política habría obtenido recursos económicos de diferentes entidades en Venezuela.
Córdoba Ruiz habría logrado un beneficio económico para ella y su núcleo familiar. “El dinero obtenido con estas operaciones financieras, se infiere, fue utilizado una parte para enriquecer ilegalmente a la investigada y a su círculo familiar, y por otra, a la realización de diversos eventos de carácter político que buscaban que la investigada obtuviera una posición de poder privilegiada en Colombia, para su beneficio y el de la organización criminal”.
En el segundo semestre de 2021, la magistrada ordenó la práctica de varias pruebas testimoniales con el fin de establecer si, en efecto, la entonces senadora abusó de su condición como mediadora para la liberación de secuestrados que estaban en poder de ese grupo guerrillero desde varios años.
Allí, se encontraban dirigentes políticos e integrantes de la Fuerza Pública y, en el desarrollo de las investigaciones, se recibieron las declaraciones de varias personas que trabajaron con Córdoba y tenían conocimiento de sus actividades.
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo cerca de siete años secuestrada por las Farc, le aseguró a la Corte que tenía conocimiento de que Piedad Córdoba había aplazado su liberación, puesto que estaba esperando un momento justo para dar un golpe de opinión y así beneficiar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Betancourt fue un poco más allá y aseguró que dentro de la estructura guerrillera la senadora era conocida con el alias de Teodora de Bolívar, haciendo énfasis en que siempre tuvo frente al control de las liberaciones.
“Cuando Teodora –Piedad Córdoba– escribe que ‘no suelten a Ingrid porque ella siempre ha sido flaca’, ignora que yo en ese momento me estoy muriendo, es decir, estaba en una situación de salud muy complicada”, añadió en su momento, confirmando así, en parte, lo reseñado en el computador del abatido comandante guerrillero, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes.
En varios correos electrónicos se manifiesta la relación con el Secretariado de las Farc. Sin embargo, estas pruebas no fueron tenidas en cuenta, puesto que en 2011, la Corte Suprema de Justicia consideró que se había vulnerado la cadena de custodia tras el operativo en el que fue abatido Reyes, en marzo de 2008, en una zona fronteriza con Ecuador.
Por su parte, Andrés Vásquez Moreno, quien fue asesor de Córdoba, aseguró que la dirigente política sí era conocida con los sobrenombres de Teodora y Gaitán. Igualmente, mencionó que ella tenía una comunicación constante y directa con los integrantes del secretariado de las Farc, Raúl Reyes y el Mono Jojoy.