En un documento de nueve páginas, la Fiscalía General certificó que en contra de la ahora senadora electa Piedad Esneida Córdoba Ruiz existe una investigación preliminar en la Sección Bogotá por los delitos de captación masiva y habitual de dinero. En el detallado informe se indica que el caso lo adelanta el fiscal 63 de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico.

“De conformidad con la consulta realizada en los sistemas misionales SPOA y SIJIF, a partir de los criterios de búsqueda ‘PIEDAD ESNEIDA CÓRDOBA RUIZ’ y (número de cédula), se encontró (1) indagación en su contra que avanza en la Dirección Seccional de Bogotá”.

La Fiscalía recordó que los dos sistemas citados permiten el almacenamiento y la gestión de información relacionada con las indagaciones e investigaciones que se adelantan “bajo los parámetros generales y una categorización derivada de los tipos penales y de las principales actuaciones previstas en los estatutos de procedimiento penal en el ordenamiento jurídico colombiano”.

Esto como respuesta a una petición enviada por el exfiscal general Eduardo Montealegre para conocer si en contra de la dirigente política existían indagaciones y actividades de investigación desarrolladas en los procesos y gestiones adelantadas por autoridades extranjeras. Tras hacer la revisión, se encontró que Piedad Córdoba no tiene ni ha tenido algún requerimiento por parte de las autoridades judiciales extranjeras.

“(...) Tras realizar un proceso de verificación en las bases de datos que reposan en esa dependencia, encontró que ‘no se evidenció orden de captura con fines de extradición o solicitud de asistencia judicial elevada por otro Estado, relacionada por la ciudadana Piedad Esneida Córdoba Ruiz”, aclara el punto C. del documento.

En otro de los apartes de la petición enviada por Montealegre se pide la copia del expediente que entregó recientemente el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio, en el cual, como se recordará, señalaba a Piedad Córdoba de participar en un millonario fraude en el vecino país. Este caso –se le indicó al exjefe del ente investigador– es revisado por la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, Montealegre pidió que se notificara si en la actualidad se adelanta alguna pesquisa de las líneas telefónicas de la senadora o seguimientos en su contra. Sin embargo, en este punto se le informó que la ley y varios fallos de la Corte Suprema y Corte Constitucional han manifestado que esta información tiene un carácter de reservado, por lo que no pueden ni confirmar ni negar.

En el transcurso de estos días, la senadora electa por el Pacto Histórico ha negado que en su contra exista una petición de extradición por parte del Gobierno de los Estados Unidos o que tenga un proceso pendiente ante las autoridades colombianas. Esto después que se le hicieran acusaciones de tener vínculos con el empresario barranquillero Álex Saab, uno de los principales testaferros del régimen de Nicolás Maduro.

Igualmente, la semana pasada se reactivó en la Corte Suprema la recolección de testimonios en la investigación que se le adelanta por sus presuntos nexos con la guerrilla de las Farc. Varios de los declarantes han señalado que en efecto la entonces senadora liberal, quien fue designada por el Gobierno para adelantar la liberación de personas secuestradas por ese grupo guerrillero, se habría aprovechado para sacar un beneficio económico y político.

Igualmente, ha estado en el ojo del huracán por sus constantes visitas al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá donde, presuntamente, habría ofrecido beneficios jurídicos y económicos.