La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, anunció a través de un comunicado el cambio del modelo de contratación para la atención de los niños y niñas por un modelo de convocatoria mucho más territorializado, que trabaje con las comunidades que conocen las necesidades propias de cada región.
“El modelo de contratación de primera infancia que implementará el ICBF incluirá modificaciones sustanciales en la forma como se eligen los operadores encargados de garantizar la educación inicial a niños y niñas, y se fortalecerá la supervisión para evitar que los corruptos se adueñen del dinero destinado para la generación de la Paz”, sostuvo la funcionaria.
Además, en su informe dijo que ‘‘aquellos operadores que no sean considerados idóneos para prestar el servicio no continuarán trabajando con la entidad y de esta manera se pretende que la atención se brinde de forma correcta y los derechos de los niños y niñas estén garantizados, así como los de agentes educativos y madres comunitarias’’.
De otra parte, Astrid Cáceres señaló que este año y como resultado de la reactivación de investigaciones administrativas, el ICBF ha impuesto 24 sanciones a operadores e instituciones que estaban incumpliendo lineamientos y manuales técnicos y operativos de los programas contratados.
“En el marco de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos, enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia de vida, este año se han adoptado estas decisiones administrativas contra operadores de los servicios de Protección, Primera Infancia y Nutrición en el país”, sostuvo la directora general del ICBF.
Las sanciones van desde la suspensión hasta la cancelación de licencias de funcionamiento y personerías jurídicas. Decisiones administrativas impuestas a operadores en nueve regionales del ICBF: 6 en Valle del Cauca, 5 en Cundinamarca, 4 en Bogotá, 2 en Santander, 2 en Meta, 2 en Chocó y de a una en Boyacá, Huila y La Guajira.
Entre tanto, recientemente, en medio de la creciente controversia que rodea la declaración de emergencia económica y social en La Guajira por parte del presidente Gustavo Petro, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, respondió a los cuestionamientos realizados por la Procuraduría General a la intención del presidente de instrumentalizar la crisis en La Guajira y había instado a la Sala Plena de la Corte Constitucional a declarar la «inexequibilidad» de dicho decreto.
En su respuesta, la directora Cáceres expresó su desacuerdo con el informe de la Procuraduría y defendió la necesidad de encontrar nuevos mecanismos para abordar la crisis en La Guajira.
Además, enfatizó que la crisis en La Guajira no es un problema nuevo, pero los mecanismos de gobernanza actuales no han logrado ofrecer soluciones efectivas.
Por su parte, la Procuraduría había expresado que era “inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta de la Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador”.
A pesar de reconocer la gravedad de la situación en el departamento, el ente de control argumentó que la atención a esta crisis debe seguir las vías normales «previstas en la Carta Política».