En varias ocasiones se ha dado en Colombia el debate sobre la necesidad de reducir los esquemas de seguridad de funcionarios del Estado y congresistas, al considerar que muchos no tienen un nivel de riesgo extraordinario.

En el Congreso se han dado amplias discusiones sobre la necesidad de que cada uno de los legisladores tenga camionetas blindadas y escoltas, únicamente por el hecho de haber llegado al Senado o a la Cámara de Representantes.

Por esa razón, se está planteando una reforma por parte del Partido Liberal para que se haga una revisión minuciosa de los esquemas de seguridad que están asignados en el país, al considerar que muchos de los protegidos no están en un riesgo extraordinario.

El candidato al Senado del liberalismo, Carlos Rojano, aseguró que se está trabajando en dicha reforma para presentarla el próximo 20 de julio, fecha en la que tomará posesión el nuevo Congreso de la República.

“Como senador de la República no ahorraré esfuerzos orientados para garantizar la vida de los colombianos. La Unidad Nacional de Protección debe ser reorientada, reestructurada para que su misión beneficie realmente a quienes se encuentren en situación de riesgo, que son los líderes sociales”, afirmó.

Rojano sabe que la discusión política será bastante amplia, porque seguramente la mayoría un gran número de congresistas no estarán dispuestos a bajarse de sus lujosas camionetas y a quedar sin escoltas. Sin embargo, señaló que es una discusión necesaria, porque la mayoría de legisladores tiene el mismo riesgo de todos los habitantes de Colombia.

“Quitarles esquemas a personajes que forman parte del sector oficial. Aquellos que tengan el mínimo riesgo y sean parte del sector oficial, deben desmontar su esquema de seguridad porque se deben utilizar en quienes de verdad lo necesitan y tienen grandes riesgos”, aseguró.

A juicio del dirigente político de la costa Caribe, la Unidad Nacional de Protección tiene toda la capacidad para proteger a quienes tienen amenazas, pero los recursos se están repartiendo de manera equivocada.

Rojano cree que con esta reforma, por lo menos, se devolverían al Estado un 50 % de los esquemas que están asignados para funcionarios. Estas discusiones nunca han salido adelante en el Congreso, pero ya varios sectores han expresado su respaldo a este tipo de iniciativas.

En diálogo con SEMANA, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo dijo que este tipo de propuestas son buenas para el país y también promoverá una reducción de esquemas de seguridad para los integrantes del Congreso de la República. Sin embargo, su propuesta la lanzó antes de declinar su aspiración presidencial y se desconoce si algún integrante de la Coalición Centro Esperanza asumirá esas banderas.

En el caso del Congreso, el alquiler mensual de cada camioneta está alrededor de los once millones de pesos y se debe prestar el servicio para los 280 congresistas. Actualmente el único congresista que devolvió su esquema de seguridad por decisión propia fue el representante a la Cámara David Racero, quien ha insistido en que la mayoría de sus colegas no necesitan camionetas blindadas y policías para su cuidado.