Veinticinco años después de la retoma del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1985, se conoce la primera decisión de la justicia ordinaria sobre estos hechos: el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega fue declarado responsable de la desaparición de once personas durante el operativo militar. La juez encontró a Plazas, quien dirigió la retoma de la sede judicial siendo comandante de la Escuela de Caballería, responsable del delito de desaparición forzada agravada y condenó al oficial retirado a 30 años de cárcel y 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos.  La juez no hizo lectura del fallo en una audiencia pública, sino que entregó la decisión a cada una de las partes. El final de esta historia, que empezó a deteriorar la tranquilidad de Plazas el 7 de noviembre de 2005 cuando la fiscalía desempolvó el proceso por los desaparecidos del Palacio, es la respuesta a años de pugna entre los voceros de las víctimas y la defensa del coronel retirado. Basta recordar que hace tan sólo unos días el abogado defensor de Plazas, Jaime Granados, instauró, sin éxito, un recurso de Hábeas Corpus argumentando que la detención de su cliente era ilegal, pues ya habían transcurrido más de dos años sin que la juez de conocimiento, Stella Jara, emitiera un fallo. El martes, en diálogo con Caracol Radio, Granados ya había advertido que si la juez condenaba a Plazas Vega, como ocurrió este miércoles, apelaría la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Durante todos estos años, Plazas declaró que su responsabilidad había sido hasta la recuperación de la edificación, pero que el manejo de las personas rescatadas, entre estas los desaparecidos, había estado a cargo de otros mandos.  Uno de los representantes de los familiares de las víctimas, el abogado Jorge Molano, calificó el fallo como histórico, al tiempo que resaltó que con esta decisión se contribuye al establecimiento de la verdad y la justicia. Molano también explicó que la juez ordenó compulsar copias para que se investigue al ex presidente Belisario Betancur y a la cúpula militar de la época, con el fin de determinar si existe responsabilidad de otras personas en estos hechos, y exhortó a la justicia avanzar en los procesos que se adelanta en contra de otros oficiales.Por los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia también están siendo procesados el coronel (r.) Edilberto Sánchez Rubiano, quien se desempeñaba como comandante del B2 del Ejército; el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales, quien era comandante de la Décimo Tercera Brigada; y el general Iván Ramírez, quien comandaba el comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia.  La decisión desencadenó, a las afueras del juzgado, el choque entre personas que apoyan a las víctimas y otros que respaldan a Plazas Vega. Fue necesaria la intervención de la fuerza pública. El dilatado proceso Desde el 2007, cuando la Fiscalía procedió a su captura, Plazas Vega cambió ocho veces de abogado, lo que obligó a que el proceso tuviera sus recesos mientras los defensores conocían el caso y alistaban los argumentos para su defensa. Dos años después, Plazas pidió que su proceso dejara la justicia ordinaria para pasar a la penal militar. No se le concedió. En ese mismo año y cuando se esperaba que arrancara la fase final del juicio, Plazas recusó a la juez que llevaba su caso, argumentando que la funcionaria no era imparcial, recurso que también le fue negado. Pero Plazas lo volvió a intentar, esta vez presentando pruebas donde presuntamente la juez habría violado el debido proceso, recurso que tampoco progresó. Sumado a esto, Plazas Vega se excusó en varias ocasiones en sus malestares físicos para no acudir a algunas diligencias judiciales. Incluso, en agosto de 2009, por orden del departamento de psiquiatría del Inpec, Plazas fue trasladado al Hospital Militar. Pero hace apenas unos días los médicos entregaron su concepto a la juez Tercera Penal del circuito de Bogotá en el que señalan que a pesar de trastornos de ansiedad de Plazas Vega, él "tiene la capacidad de evaluar situaciones, elegir un curso de acción e incluso dejar constancia escrita en su proceso de decisión", por lo que no existe impedimento para ser trasladado a un centro penitenciario. Todas estas situaciones hicieron que el proceso se postergara por varios meses.