En las convenciones del Centro Democrático ha sido frecuente que los militantes del partido de Álvaro Uribe evoquen los nombres de dirigentes y militares requeridos por la justicia. Por ejemplo, en la asamblea en la que se aprobaron los estatutos, el pasado 15 de julio, hubo un minuto de aplausos para el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, otro para el exministro Andrés Felipe Arias -a quienes los uribistas consideran una especie de “mártires”-, al igual que para uno de los oficiales de más alto rango condenados por la justicia colombiana: el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Y fue precisamente este oficial, sindicado de ser el responsable de la desaparición de 11 personas en la retoma al palacio de Justicia en 1985 y quien desde hace siete años está privado de su libertad, el que pareciera haber inspirado uno de los proyectos legislativos que la bancada uribista presentó a consideración del Congreso a tan solo unas horas de haberse instalado la legislatura. Se trata de una reforma constitucional con la que el uribismo busca que Plazas Vega y los demás militares que hoy están procesados por la justicia ordinaria recuperen la libertad. La estrategia parece simple. El Centro Democrático, en una especie de cirugía a la Constitución del 91, propone crear un Tribunal Nacional pro tempore para la fuerza pública, que sesionará durante 12 años y tendrá como función principal revisar, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la fuerza pública, “por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo”. Este Tribunal funcionaría con procesos a partir del primero de enero de 1980 y deberá proferir las sentencias definitivas de reemplazo a que haya lugar en cada uno de los casos actuará como máximo organismo judicial de cierre en relación con los procesos actualmente en curso. El senador Alfredo Rangel, en diálogo con Semana.com, admitió que el coronel Plazas Vega sería uno de los beneficiados con esta propuesta, que además será una de las batallas que dará el Centro Democrático en el Capitolio. “El coronel Plazas no tiene condena en firme todavía y podría gozar de libertad provisional mientras se resuelve su sentencia en la Corte Suprema de Justicia, pero tendría como una última instancia en este nuevo tribunal que resolvería de forma definitiva e inapelable su caso. Pero claro, él gozaría de una libertad provisional que, obviamente, estaría condicionada ciertos requisitos, como comparecencias periódicas ante la justicia y no salir del país”, dice Rangel. “Justicia imparcial” Entre los argumentos de Uribe y su bancada está que el país “está en deuda” con sus Fuerzas Armadas y que en el desarrollo de su “lucha heroica” algunos uniformados “han sido víctimas de falsas acusaciones y montajes, o de decisiones judiciales que no les han hecho plena justicia”. Según el Centro Democrático, para saldar esa deuda, primero hay que permitirles a los miembros de las Fuerzas Militares “defenderse en libertad”, por lo que de ser aprobada esta norma “todos los militares y policías que en el momento de esta reforma hayan sido privados de su libertad deberán ser puestos en libertad provisional a la espera de un fallo definitivo”. En la exposición de motivos del proyecto, Uribe no sólo advierte que en Colombia el fuero penal militar es “prácticamente inexistente” cuando se trata de aplicar a delitos cometidos en el desarrollo de operaciones militares. Pero el expresidente y su bancada también cuestionan a los encargados de administrar justicia al insinuar que sus fallos han sido sesgados. “Infortunadamente, algunos jueces y fiscales civiles tienen un prejuicio, una animadversión contra la fuerza pública, derivada en la prevalencia de ciertas tendencias ideológicas en algunas facultades de ciencias jurídicas del país, que les impide el abordaje objetivo, neutral e independiente de procesos relacionados con el uso de la fuerza letal del Estado en circunstancias en las que grupos armados organizados ponían en peligro la estabilidad institucional y el orden público del país”. Sobre el caso de Plazas Vega, la ponencia califica la retoma al Palacio de Justicia en 1985 como el caso emblemático en el que se involucran miembros de la fuerza pública por operaciones militares contra el terrorismo, y pone en duda que allí hubiera la comisión de violaciones a la ley. “Según muchos estudiosos, e incluso magistrados relacionados con el caso, han sido muchas las irregularidades que la justicia ordinaria no ha podido evitar ni corregir en el proceso. (…) la presunción de inocencia, la validación de pruebas, o la confrontación de testigos, no han tenido la suficiente consideración por parte de algunos fiscales y jueces relacionados con el caso. Un coronel en uso de buen retiro. Alfonso Plazas Vega lleva siete años privado de su libertad sin que los jueces hayan dictado sentencia aún”, se lee en la ponencia. “Es una puerta a la impunidad”: Polo Este proyecto, que es un complemento a la iniciativa de reestablecer el fuero militar, ya genera preocupación en algunos sectores del parlamento. El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, dice que el proyecto del uribismo ya pareciera abrir la puerta a la impunidad en muchos casos. Y es que el Centro Democrático buscará la libertad no sólo de Plazas Vega, sino de miles de militares que están procesados por excesos en los actos de servicio. “Crear un tribunal sería desconocer el ordenamiento de la justicia colombiana y rodear esas decisiones de un manto de duda que desconocería el sistema judicial, agravado con la libertad condicional que generaría una impunidad de facto en hechos de crímenes de lesa humanidad”, dice Cepeda, quien además cuestionó a Uribe en el sentido de que “quien viene reclamando justicia en los casos de guerrilla está promoviendo la misma impunidad que tanto cuestiona”. Pero los uribistas rechazan esa calificación y advierten que su proyecto de ninguna manera trata de favorecer la impunidad. “No busca amnistías, ni indultos, ni rebaja de penas para quienes efectivamente resulten responsables de delitos. Por el contrario, busca que de forma extraordinaria se administre plena justicia a quienes la merecen pero no la han alcanzado debido a las circunstancias excepcionales que ha vivido el país durante las últimas décadas”. Además califican esta iniciativa de independiente de la suerte que tengan las negociaciones de paz en La Habana con la guerrilla de las FARC, a quienes califican como “grupo terrorista”. Tampoco busca simetría respecto a los beneficios que puedan tener los guerrilleros, y no pretende equiparar a los miembros de la fuerza pública con los de organizaciones armadas al margen de la ley. “Con esta iniciativa sólo buscamos que se salde la cuenta pendiente de justicia que el país tiene con su fuerza pública”. Esta es la primera de las iniciativas que el senador Uribe y su bancada presentaron en el Congreso que ya genera polémica, y que además posiciona a las Fuerzas Militares como una de las prioridades del uribismo. El proyecto, además, fue consultado con la reserva activa, que se siente representada en el uribismo a través de la senadora Thania Vega de Plazas, precisamente la esposa del coronel. La controversia ahora vendrá de la mano del Gobierno, que anunció que reestablecería el fuero militar. Pero falta ver si acompaña esta controvertida iniciativa que seguramente caerá de buena manera en la tropa.