La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los patrulleros de la Policía Nacional Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, por el homicidio de tres jóvenes durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Soacha, Cundinamarca.
Los jóvenes asesinados fueron: Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Lorwan Stiwen Mendoza Aya y Cristian Andrés Hurtado, “pero hasta el momento solo se ha podido esclarecer la muerte del primero de los mencionados, vidas que se perdieron por el uso indebido de las armas de fuego”.
De acuerdo con los informes de necropsia realizados por los peritos del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, la causa de la muerte de estas tres personas fue por proyectil de arma de fuego y su deceso se produjo de manera violenta.
La muerte de los tres jóvenes se registró durante las manifestaciones que se llevaban a cabo frente a las instalaciones de la policía, en momentos en los que se produjeron confrontaciones entre uniformados de la policía y los ciudadanos que expresaban su rechazo por el homicidio del abogado Javier Ordóñez la noche anterior en un CAI de Bogotá.
La Procuraduría cuestionó la conducta del patrullero Márquez Rojas, quien, en su condición de integrante de patrulla de vigilancia de la estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha, posiblemente de manera deliberada y como consecuencia del exceso en el uso de su arma causó la muerte de Anthony Gabriel Estrada Espinoza y daños a una residencia del sector.
La Procuraduría también formuló cargos al patrullero Ricaurte Pinilla, gestor de participación ciudadana de la estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha para la época de los hechos, quien, al parecer, de manera imprudente manipuló su pistola de dotación cuando se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y los manifestantes.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la fuerza pública calificó provisionalmente la conducta de los investigados como gravísima a título de dolo para Márquez Rojas y con culpa gravísima en el caso de Ricaurte Pinilla.
“Los días 9 y 10 de septiembre, la Policía Nacional de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadana ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaban protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial”, precisa una de las conclusiones del informe de 182 páginas realizado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret Mosqueta y un grupo de siete investigadores sobre lo ocurrido en Soacha y Bogotá el 9 de septiembre del 2020.
Durante estas manifestaciones se documentaron 11 civiles muertos, 75 personas lesionadas con armas de fuego, 43 con arma cortopunzante, 187 con otro tipo de lesiones. Igualmente, 216 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos, 76 CAI fueron incinerados y destruidos por los manifestantes.
Caso Javier Ordóñez
Las imágenes del estudiante de Derecho Javier Ordóñez siendo golpeado en repetidas oportunidades en total estado de indefensión por dos policías y su posterior tortura y homicidio al interior de un CAI en Bogotá encendieron las protestas en rechazo al abuso de autoridad y la extralimitación en el uso de la fuerza.
Por el homicidio de Ordoñez ya fue condenado a 20 años de prisión el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía reconociendo su participación en los delitos imputados, le ofreció excusas a la esposa e hija del hombre de 43 años y se comprometió a colaborar con las investigaciones.
También fue condenado el patrullero de la Policía, Harvey Damián Rodríguez Díaz, cuyo monto de la pena que deberá pagar será anunciado por el juez del caso.