Ronald Housni Jaller, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, “habría contratado bajo la figura de convenio de asociación la elaboración y el análisis del perfil de demanda social y familiar del departamento, pese a que el objeto del contrato lo obligaba a celebrarlo bajo otra modalidad”, dice la Procuraduría General de la Nación.

Por esta razón el ministerio público formuló pliego contra el exmandatario, por cometer estas posibles irregularidades en la celebración de un convenio de asociación por 2.070 millones de pesos.

La responsabilidad no solo recae sobre Housni, sino sobre su secretario de Planeación, Sebastián Castellote Mora. La Procuraduría precisó que el objetivo de este tipo de convenios es impulsar programas o actividades de interés público; es decir, no pueden ser utilizados para cumplir una labor propia de la gobernación, como habría ocurrido en este caso.

Por su parte, “Castellote habría violado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva al suscribir el estudio y documento previo del cuestionado convenio, señalando que el objeto contractual podría ser ejecutado bajo esa modalidad”, comunica la Procuraduría. De ser responsables, advierte que estas serían unas faltas gravísimas a título de culpa gravísima, lo que se vería reflejado en la sanción.

Cabe recordar que Ronald Housni Jaller no es la primera vez que está en el ojo de la Procuraduría. En 2018, el Hospital de San Andrés vivió una de sus crisis más fuertes y el entonces procurador general Alejandro Carrillo decidió a finales de abril, de ese año, suspender por tres meses a Housni por la cantidad de irregularidades que se encontraron en el centro asistencial y que afectaron el derecho a la salud de los isleños.

Cabe recordar que Housni ya estaba detenido junto con la exgobernadora Aury Guerrero y otros funcionarios, acusados por la Fiscalía de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Al parecer habrían encontrado irregularidades en la adjudicación de contratos por 120.000 millones de pesos y los pagos de coimas superarían los 11.000 millones. En la mira estarían algunos procesos de contratación del hospital, que recibe más de 3.000 millones de pesos de la Nueva EPS y Sanitas, las únicas que operaban en el departamento para ese entonces.

Una de las perlas que encontró el ente de control fue que funcionarios relacionados con el escándalo llevaban dos meses sin ir a trabajar, lo que había dejado el hospital a la deriva. No había suficientes medicamentos, ni sangre, más de 200 cirugías represadas y otros servicios cerrados. Por ejemplo, el laboratorio estaba trabajando sin microbiología, no se realizaban cuadros hemáticos, pruebas de coagulación, ni cultivos.

A todo esto se le sumó la falta de pago tanto a empleados como a contratistas: residuos hospitalarios, vigilancia, imagenología, endoscopia, lavandería, entre otros.

El exgobernador Housni es investigado por cinco tipos de conductas que habrían ocurrido entre el primer semestre de 2015 y 2017. En total el incremento patrimonial ascendió a $ 5.077.239.894 en 2019; el exfuncionario aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio y peculado por apropiación. Por lo anterior, el exfuncionario recibió una pena de 15 años de prisión con el compromiso de retornar el dinero apropiado y que se generó con el cohecho.