La profunda y espesa selva amazónica colombiana fue durante décadas el fortín predilecto de los grupos armados ilegales para camuflar sus macabras operaciones. En medio de la manigua fueron perpetrados asesinatos, secuestros y atentados, crímenes que causaron un desplazamiento forzado para muchos de sus habitantes, en su mayoría pueblos indígenas que vivían de las bondades de la naturaleza. El resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú, una mancha verde ubicada entre los municipios de Carurú en Vaupés y Miraflores en Guaviare, no fue ajeno a los coletazos de la violencia. Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en los años 90 la guerrilla de las FARC intensificó su presencia en la zona para fortalecer el tráfico de drogas, utilizando al río Vaupés como principal vía. Entre 1997 y 2003, el grupo armado sembró cultivos ilícitos en la parte oriental, lo que trajo consigo la llegada de colonos e instalación de pistas de embarque y laboratorios para el procesamiento de coca. Además, destinó la zona para la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, secuestros y homicidios. Las FARC mantuvo control del territorio hasta 2015, pero los impactos continuaron con la incursión de los paramilitares del Bloque Centauros al municipio de Carurú.
Con la firma del acuerdo de paz y la salida de las FARC de su territorio, las 369 familias indígenas del resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú decidieron levantar su voz para recuperar la tierra robada, que en total suma 506.900 hectáreas. Foto: Gentil Novoa. Los 15 pueblos indígenas que hacen parte del resguardo (cubeo, tucano, desano, tuyuca, tatuyo, wanano, carapano, piratapuyo, tariano, makuna, siriano, makú, jiw, yurutí y bará), cedieron parte de sus tierras para las actividades del narcotráfico. Adriano Rodríguez, gobernador indígena del resguardo, asegura que perdieron casi la mitad de su territorio por el frente primero de las FARC y las autodefensas. “Nos quitaron mucha tierra y terminamos hacinados”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), apoyada en datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, informó que entre 2000 y 2010, 7.519 personas fueron víctimas de desplazamiento en Guainía, Vaupés y Amazonas, de las cuales 67 por ciento provenían de Carurú, Barrancominas, Mitú y Mapiripana. Por su parte, según la Unidad para las Víctimas, en Miraflores hay registradas 656 víctimas del conflicto armado y en Carurú 210. Demanda a su favor Con la firma del acuerdo de paz y la salida de las FARC de su territorio, las 369 familias indígenas del resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú decidieron levantar su voz para recuperar la tierra robada, que en total suma 506.900 hectáreas, y para que el Estado les garantice sus derechos territoriales. Actualmente, sólo 264.800 hectáreas están legalizadas como parte del resguardo, por lo cual los indígenas le solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras que les adjudique 242.100 hectáreas más, para completar así todo su territorio ancestral y desarrollar acciones que eviten futuras apropiaciones por parte de los colonos.
Adriano Rodríguez, gobernador del resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú junto a Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, presentando la demanada que busca que les devuelvan las tierras arrebatadas por el conflicto armado. Foto. Unidad de Restitución de Tierras. Ante esto, la Unidad de Restitución de Tierras decidió tomar medidas. Hace pocas semanas presentó una demanda ante el Juzgado del circuito especializado de restitución de tierras de Villavicencio (Meta), la cual busca que el Estado le devuelva todas las tierras a estas comunidades indígenas víctimas de violencia, despojo y abandono forzado, garantizando así sus derechos colectivos territoriales. Es decir, la medida judicial da luz verde para que las más de 500.000 hectáreas hoy reclamadas por los indígenas logren una titulación a nombre del resguardo. Según el director general de la URT, Andrés Castro, el objetivo de la demanda es lograr que la comunidad involucrada pueda acceder a su derecho fundamental de la restitución y hacer un goce efectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura, cosmovisión y formas de organización propias. “La presentación de esta demanda representa un caso emblemático que conduce a la reparación histórica de comunidades indígenas del suroriente del país”. Castro indicó que la demanda surge como respuesta a una solicitud de las autoridades indígenas del resguardo y por el resultado de una caracterización de más de un año realizada entre la entidad y la FAO, la cual recogió pruebas del despojo y abandono forzado que sufrió el resguardo y logró identificar afectaciones territoriales con impacto sociocultural como proliferación de cultivos ilícitos, narcotráfico, minería ilícita, siembra de minas antipersona y enfrentamientos entre grupos armados ilegales para control del territorio. La demanda de la Unidad también busca la adopción de medidas de atención y asistencia humanitaria; actividades de acción integral contra minas antipersona; brigadas de atención en salud; recuperación de prácticas culturales y fortalecimiento del su gobierno; ampliación del resguardo; y documentación de los hechos victimizantes sucedidos por las acciones de grupos delincuenciales. Rodríguez, gobernador indígena del resguardo, manifestó que esta medida beneficiará a las más de 1.500 personas que allí habitan. “Con la firma de la paz ya ganamos tranquilidad y seguridad. Ahora esperamos que fallen a nuestro favor para recuperar las tierras, para luego poner en marcha varios programas agrícolas y sociales”. Titulación histórica La FAO afirmó que la demanda podría convertirse en el primer proceso de restitución de tierras iniciado en territorio amazónico y el más grande hasta el momento en Colombia a favor de los pueblos indígenas de la Amazonia.
Actualmente, sólo 264.800 hectáreas están legalizadas como parte del resguardo, por lo cual los indígenas le solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras que les adjudique 242.100 hectáreas más, para completar así todo su territorio ancestral. Foto: Gentil Novoa. “La radicación de esta solicitud de restitución es sólo un logro de todo un proceso que reconstruyó la historia del conflicto armado en territorios étnicos de zonas apartadas, la cual, con los diferentes talleres realizados, los testimonios recogidos y la reconstrucción de cada uno de los hechos victimizantes, sirven como memoria viva de lo ocurrido en el territorio para las generaciones actuales y futuras de estos pueblos étnicos”, afirmó Danny Herrán, punto focal de asuntos étnicos de la FAO en Colombia. La organización enfatizó que si la demanda es fallada a favor de los indígenas, le permitirá al resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú la titulación de su territorio colectivo y la restitución de sus derechos territoriales, “un logro que no sólo permitirá a los pueblos indígenas el ejercicio de su gobierno propio y el goce efectivo de sus territorios, sino la protección y ampliación de la seguridad jurídica de una gran parte de la selva amazónica del del Vaupés, favoreciendo la conservación y protección del bioma amazónico”. De los 15 pueblos indígenas que habitan este resguardo, tres fueron declarados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) bajo riesgo de exterminio físico y cultural a causa del conflicto.