El Deportivo Pereira, como muchos equipos en Colombia, está quebrado. Apenas se sostiene en la primera división y presuntos corruptos están al acecho. Nada más y nada menos que Emilio Tapia, condenado por el Carrusel de la Contratación de Bogotá y hoy en la cárcel por ser el supuesto cerebro del escándalo de corrupción por la licitación que recibió la unión temporal Centros Poblados por más de un billón de pesos, de la cual ya se perdieron 70.000 millones. Al parecer, tenía los ojos puestos en la compra de este equipo.
Pero como Dios los crea y ellos se juntan, para este plan de compra del Deportivo Pereira, Tapia –según parece– tenía un aliado tan polémico como él. Se trata de Alessandro Corridori, uno de los presuntos cerebros del millonario desfalco de Interbolsa, en el cual se calcula se perdieron 254 mil millones de pesos de 492 ahorradores. Los dos, al parecer, planeaban quedarse con el equipo de fútbol y el dinero perdido de la millonaria licitación de Centros Poblados estuvo apunto de llegar a estas arcas. Nuevamente, el proceder de estos dos personajes sería poner el dinero y manejar los hilos tras bambalinas.
El asunto es así. El Deportivo Pereira, quebrado, lleva más de ocho años en liquidación y el agente encargado de esto es John Ómar Candamil Calle. El valor calculado del equipo es de 31.200 millones de pesos. Ante las largas que se habían dado para la liquidación, la jueza 1 Civil de Pereira, en abril de este año, ordenó que se realizara una subasta pública antes de dos meses. Ahí el negocio empezó a oler mal.
El liquidador Candamil Calle no hizo pública esta subasta hasta solo dos días antes del cierre y de manera casi que informal: lo hizo con un comunicado publicado en sus redes sociales, lo que para expertos en el tema es casi una burla a las autoridades. Finalmente, la subasta fue realizada el 28 de julio de 2021. Sin embargo, Candamil y Corridori tenían un acuerdo de confidencialidad firmado en el mes de abril de este mismo año, y venían en conversaciones desde noviembre de 2020.
Con un detalle que llama la atención: una empresa de origen estadounidense trató de quedarse con el Deportivo Pereira, ofrecieron 33.250 millones, pero Candamil no aceptó, pese a que el monto era mayor al calculado por el equipo, que era de 31.200 millones.
Al parecer, Candamil ya tenía puesto el ojo sobre otro negocio. Dijo que había una empresa que quería comprar el equipo por el valor de avalúo, se trataba de Anzety Im S. A. S. Ahí aparece tras bambalinas el flamante y polémico Alessandro Corridori, con la ya habitual estrategia de manejar los hilos y no aparecer en documentos. Pero la composición accionaria da certezas sobre la influencia de Corredori.
María Carolina Londoño Jaramillo es la dueña del 55 %. Ella es la hija de la esposa de Corridori, Claudia Jaramillo Palacios, es decir, es la hijastra. Y el asunto sigue en familia: otro 15 % está a nombre de Alberto de la Pava Jaramillo, nada menos que el hijo de la hermana de la esposa de Corridori, María Eugenia Jaramillo Palacios, quien también estuvo involucrada en el escándalo de Interbolsa, al igual que su esposa Claudia Jaramillo Palacios.
Los otros dos accionistas son Cristhian Giovanni Ramírez, un abogado muy cercano a Corredori, y Lyda Fernanda Coronado, quien al mismo tiempo es la representante legal y socia de Anzety Im S. A. S. y quien es la única dueña de Nimar S. A. S., empresa que supuestamente capitalizó a Anzety lm S. A. S. Además, Coronado trabaja en la empresa pero, según sus propios documentos, no tiene mayores ingresos, así que no hay forma de explicar cómo iban a pagar una transacción de más de 30 mil millones.
Hay una accionista más que tampoco puede pasar inadvertida. Se trata de Olga Patricia García, nada menos que la hija del extécnico y accionista del equipo de fútbol Millonarios, Luis Augusto ‘El Chiqui’ García. Ella tiene el 15 % de las acciones. Vale la pena recordar que fue ‘El Chiqui’ quien llevó a Millonarios a invertir en su momento en Interbolsa, lo que casi ocasiona la quiebra al glorioso equipo capitalino.
Pero siguen las dudas sobre Anzety y su capacidad económica. Tiene problemas legales por diferentes demandas laborales entabladas por el incumplimiento de las obligaciones con sus empleados e irregularidades en el pago de prestaciones sociales. Eso sin mencionar que acude a préstamos personales de sus empleados para poder ponerse al corriente con sus obligaciones.
Pero, ¿qué tenía que ver Emilio Tapia con este millonario negocio? Al parecer, y así lo señalan las comunicaciones entre los protagonistas y sus encuentros, el empresario –hoy detenido por el escándalo de Centros Poblados– tenía una oficina en la calle 93, en Bogotá, desde donde hacía sus negocios, entre ellos la confección de la estructura empresarial de Centros Poblados.
En esa oficina desfilaban personas importantes del país, pero misteriosamente ante los problemas judiciales de Tapia, el registro de entradas desapareció. Sin embargo, no pasaron por alto por lo menos cinco visitas que realizó Alessandro Corridori, quien solía ir acompañado de una de las personas de su círculo de confianza, Camilo Bolívar, de quien no es casualidad que sea al mismo tiempo el abogado de Anzaty. El negocio se habría dañado luego de que explotara el escándalo de Centros Poblados, como quedó registrado en conversaciones escritas.
SEMANA ha tenido acceso a conversaciones del círculo más cercano de Corridori, en los que hacen referencia a las visitas y reuniones en la oficina de Tapia, hablan de los avances de la “negociación” con el mismo y de la preocupación por los no menos de cinco registros de ingreso de uno de sus vehículos al edificio del empresario corrupto. Señalan que las cámaras de seguridad los grabaron entrando y que quien se anunciaba personalmente era Corridori.
El negocio se habría dañado luego de que explotara el escándalo de Centros Poblados, como quedó registrado en una conversación del círculo cercano de Corridori, en donde después de conocer la noticia de detención de Emilio Tapia y el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y, compartida por esta misma vía, advierten que “casi son ellos”, destacando el fallido negocio de compra del Deportivo Pereira en alianza con Tapia.
SEMANA habló con el abogado Bolívar y este reconoció los ingresos a la oficina de Tapia, la intención de hacer negocios, aunque dijo que llegó allá, la primera vez, por casualidad, porque le habían pedido el favor de llevar a Corridori, y como la oficina quedaba a unas cuadras, así lo hizo. Sobre los problemas económicos de Anzaty dijo que no los conocía porque su trabajo solo se enfocaba en asuntos jurídicos. Esta versión es contraria a correos en poder de semana donde la representante legal, Lyda Fernanda Coronado, hace estas advertencias.
Ante el fracaso en el intento de hacer la negociación teniendo como socio a Tapia, Anzaty, en cabeza de Corridori, junto con Candamil, empezaron a buscar socios con quienes apalancar el negocio. Lo que parecía claro era que no tenían el dinero suficiente para una transacción de ese monto.
El negocio consistía en un acuerdo de pago del 10 % al momento de aceptar la propuesta, luego se pagaría el siguiente 30 % y, en tres meses el restante 60 %. La promesa de compraventa se realizó presuntamente con una firma que no corresponde a la de la socia y representante legal de Anzety, Lyda Fernanda Coronado, pero llama la atención que documentos en poder de SEMANA señalan que ella solo gana alrededor de 7 millones de pesos mensuales en esta empresa.
El acuerdo ya estaba firmado y era necesario conseguir cómo cumplir. En síntesis, necesitaban un socio que apalancara la negociación porque, al parecer, Anzety no tenía con qué pagar.
Ese 10 % finalmente se pagó, pero no con plata de Anzaty, sino con un socio que Candamil le presentó a Corridori. Se trataba de Sócrates Valencia, un empresario del fútbol de Risaralda que entró al negocio con su empresa Inversiones Vavel Bienes S. A. S. Ante el escándalo de Centros Poblados, el negocio con Emilio Tapia, quien supuestamente iba a poner el capital, se esfumó, y fue Valencia quien terminó financiando el millonario acuerdo.
En correos enviados entre Lyda Fernanda Coronado y el abogado Camilo Bolívar quedan en evidencia las molestias de la representante legal por la firma de documentos sin su consentimiento y porque ella consideraba, de manera clara, que no tenían cómo cumplir con los acuerdos de pago del millonario negocio.
Ahora parece que le hubieran metido un gol al Deportivo Pereira. Según se conoce, el juzgado pidió la viabilidad de la sociedad de Sócrates Valencia (Inversiones Vavel Bienes S. A. S.) con la empresa de Corridori (Anzaty) ante el Ministerio del Deporte y la Dimayor. El ministerio respondió que no sabía del negocio y, por su parte, la juez dijo que no se cumplían los requisitos para ser socios de la Dimayor.
El motivo era claro: el negocio se había cerrado entre Anzaty, la empresa de Corridori, y la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, Corpereira. En el contrato inicial por ningún lado aparecía el empresario Sócrates Valencia ni su empresa Inversiones Vavel. No obstante, el abogado Bolívar señaló que se trata de un error de la juez y que ya envió un oficio para explicar a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol aclarando el malentendido.
Se trata de un coctel en el que el gran perdedor es el sufrido Deportivo Pereira, un equipo con más de 80 años de historia, que navegó por las aguas turbulentas de las segunda división entre 2012 y 2019, cuando volvió ganar un cupo en la primera división, pero sus problemas ahora son extrafutbolísticos. Es un equipo quebrado, que pasó a manos de una empresa que tampoco tiene presupuesto y es manejada en la sombra por Alessandro Corridori, uno de los cerebros del escándalo de Interbolsa, que recuperó la libertad sin decisión judicial, por vencimiento de términos.
Justamente el nombre del liquidador John Ómar Candamil ahora está en tela de juicio. Nadie se explica por qué no vendió el equipo a una firma de Miami que ofrecía incluso más dinero del que se estaba pidiendo, por qué declaró que no había ningún “postor válido”, por qué insistió en el negocio con Anzaty cuando era una empresa que no tenía la solidez para ejecutar los pagos, que tenía problemas con demandas laborales e irregularidades en el pago de seguridad social y, además, en qué momento permitió la participación de un nuevo socio que no estaba contemplado en la oferta de compra inicial. Un lío en el que hay muchas irregularidades y dos oscuros protagonistas: Emilio Tapia y Alessandro Corridori.