Una fuerte polémica ha surgido en Medellín luego de que se conociera que la Personería Distrital de la ciudad contrató a Camilo Francisco Salas Santos, un hombre previamente condenado por haber presuntamente participado en un brutal ataque con 30 puñaladas a su entonces pareja, quien se encontraba en estado de embarazo. El hecho, ocurrido en la noche del 26 de junio de 2015 en el municipio de La Estrella, dejó a la mujer gravemente herida.
Según los informes judiciales, Salas Santos estaba en compañía de su novia en el momento del ataque, cuando supuestamente apagó el carro en el que viajaban para permitir que dos hombres en moto atacaran a la mujer embarazada. Tras el violento incidente, Salas Santos huyó del lugar. Debido a su presunta participación en la agresión, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión por tentativa de homicidio agravado en octubre de 2016. Sin embargo, en abril de 2020, recibió la medida de libertad condicional por su buen comportamiento y otros beneficios penitenciarios.
La contratación de Salas Santos por parte de la Personería Distrital de Medellín fue descubierta durante una revisión de los documentos del contrato en la plataforma SECOP II. En el análisis, se detectaron irregularidades en los antecedentes disciplinarios del contratista, quien presentó un certificado de antecedentes falsificado, según la entidad.
La Personería, al verificar la información, halló diferencias entre los datos oficiales y los consignados en el certificado entregado por el hombre. Esto llevó a la entidad a dar por terminado el contrato y a compulsar copias del caso a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la correspondiente investigación penal.
La Personería emitió un comunicado en el que explicó los detalles de la situación, subrayando la importancia de realizar un control más riguroso en la verificación de documentos en los procesos contractuales. “Este hallazgo pone en evidencia la necesidad de un control más estricto en la verificación de documentos presentados en procesos contractuales, garantizando la transparencia y la legalidad en los mismos”, indicó la entidad en el documento.
El hecho ha generado controversia en la ciudad, ya que no solo pone en entredicho el proceso de contratación en la Personería Distrital, sino que también expone la grave situación de Salas Santos, un hombre vinculado a un crimen violento y que, pese a su historial, logró acceder a un empleo público. La entidad ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y su papel de vigilancia en la administración pública, y aseguró que continuará trabajando en la detección y reporte de irregularidades.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la transparencia en la contratación pública y la necesidad de una mayor diligencia por parte de las autoridades para evitar que personas con antecedentes penales accedan a cargos en el sector público.