En los últimos días se conoció que llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una queja por un presunto caso de violación al régimen de competencia empresarial en un proceso de licitación pública que implica directamente a la empresa Air-e, sin conocer mayores detalles.
Sin embargo, de inmediato las directivas de dicha empresa dieron poder al reconocido abogado penalista Jaime Lombana, para que acuda a las autoridades y se instauren las acciones penales al considerar que se quiere inducir a un error a la SIC, en medio de toda la polémica que hay en el país por la generación de energía.
Por esa razón, el abogado insinuó que la queja que llegó a la SIC pudo haber sido interpuesta por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y que lo extraño es que se filtró a los medios de comunicación sin tener certeza sobre quien la interpuso.
“No es casual que Acolgen, gremio de generadores de energía, escribiera una carta al ministro de Minas y Energía hace tres semanas donde mencionaba ventas de energía de Air-e con afirmaciones no ciertas y criticando la situación del mercado de energía, cuando han sido ellos mismos los causantes”, dijo Lombana.
Agregó: “Ahora aparece una queja sin que hayamos podido identificar su autor, pero le estamos pidiendo a la justicia identificarlo para que responda por las afirmaciones alejadas de la verdad y para causar un daño a la empresa que ha planteado soluciones a los abusos de posición dominante del mercado de energía”.
Para la empresa Air-e la supuesta queja que llegó a la SIC carece de argumentos y tiene un error como afirmar que “Air-e Generación S.A. ESP” hace transacciones irregulares cuando “en Colombia ni siquiera existe una empresa con dicha razón social registrada ante el operador de mercado”, señalan en un comunicado.
Así mismo Air-e aseguró que cuando abre convocatorias de compra de energía, ofrece las mismas garantías que tienen otros comercializadores del país como Celsia, EPM y Enel.
“Es absolutamente falso que Air-e haya recibido utilidad alguna en la venta de energía de la que habla esta “denuncia”. Esto es fácilmente demostrable ante la autoridad competente pues se vendió́ al mismo precio que fue comprado por air-e a otros agentes para el mercado no regulado “grandes consumidores”.
Al margen de esta situación que se resolverá en lo estrados judiciales, lo cierto es que en las últimas semanas se han presentado grandes diferencias entre las generadoras y comercializadoras sobre las dificultades que presenta la generación de energía en Colombia.
La semana pasada se conoció una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para comentarios donde se busca ponerle un techo al precio que pueden cobrar las generadoras hídricas y que cobran las térmicas. Esto ha generado amplias discusiones entre los gremios de generación pues les reduce sus utilidades.
El pasado 7 de junio el ministerio de Minas y Energía anunció un acuerdo con algunas de las comercializadoras de energía para reducir las tarifas de este servicio. El documento se publicó publicado en la cuenta de X de la cartera y allí se reveló que seis empresas, entre las que se encuentran la Electrificadora de Santander, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Afinia, participarán en el proceso.
El Gobierno manifestó que se crearán mecanismos para que las comercializadoras bajen las tarifas de manera inmediata, mientras que el Gobierno asumirá el saldo de la deuda de la opción tarifaria, que beneficia a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, estimada en $ 2.700.000.000 “a partir de la próxima factura se tienen que empezar a ver reflejados estos alivios a los usuarios, producto de los recursos que ya se están desembolsando”, dijo el ministro Andrés Camacho.