El proyecto de rescate social para Bogotá finalmente quedó aprobado. Con 26 votos a favor y 11 en contra, el Concejo de Bogotá le dio luz verde a la iniciativa de la alcaldesa Claudia López que generó toda una controversia por su contenido.

Inicialmente se había presentado como una reforma para destinar recursos a los programas sociales, que necesitaban una contribución en medio de la pandemia para lograr impactar a las familias más vulnerables de la ciudad, índice que incrementó en medio de las restricciones por la covid-19.

Sin embargo, la controversia empezó cuando los concejales detallaron que de los 1,8 billones de pesos que se solicitaban, 1,1 eran para salvar la operación de TransMilenio, el principal medio de transporte público de la capital, que quedó desfinanciado en medio de la falta de usuarios por la pandemia en 2,4 billones.

Para programas sociales se destinaron 770.000 millones de pesos, que irán a generación de empleo, educación y atender a los más pobres. Estarán divididos en: 389.303 millones para transferencias monetarias a hogares vulnerables, 116.251 millones para inversión en educación y generación de empleo, 91.982 millones para subsidio de vivienda y 41.400 millones para atención a la primera infancia.

Esto generó toda una controversia por la falta de sinceridad de la administración local con los concejales. Aun así, el proyecto prosperó. Lo cierto es que lo más responsable era salvar la operación de TransMilenio, pero quedó en el aire la falta de sinceridad de la administración local, que fue criticaba por un gran sector de los cabildantes, incluso de la misma Alianza Verde, partido de Gobierno distrital.

A eso se le sumó una controversia final y es que se incluyeron 5.000 millones para los entes de control de la capital, hecho que fue cuestionado por varios concejales. “En el ‘rescate social’ el gobierno de Claudia López metió 2.000 millones de pesos para la Personería de Bogotá y 3.000 millones de pesos para la Contraloría. ¿Qué tiene que ver eso con el rescate social? Muchos pedimos explicación. Nadie la dio”, cuestionó el concejal Carlos Fernando Galán.

El concejal Diego Cancino, de la Alianza Verde, que ha sido cercano a la administración, votó negativo por toda esta controversia. Aclaró que no se trata de ataques personales, sino que jurídica y políticamente es contraproducente.

“Necesitábamos en este Concejo de Bogotá mandar un mensaje muy claro, y es que no podíamos caer ante el chantajismo. Y no es que uno vaya en contra de la movilidad, como lo han dicho algunos colegas, lo que necesitamos es sentar un precedente, renegociar esos contratos y repensar nuestro modelo de movilidad”, comentó Cancino.

Una de las críticas constantes de los concejales es que dentro de unos meses podría llegar a haber otro déficit, ya que este dinero solo alcanzará a cubrir la operación de TransMilenio durante lo que resta del año. El sistema aún tiene saldo en rojo y eventualmente se deberá recurrir a otro tipo de soluciones.

A pesar de los disgustos, algunos concejales se alinearon con el gobierno distrital. El concejal Julián Sastoque, acérrimo defensor de la mandataria, defendió el proyecto diciendo que el transporte público de la ciudad será un beneficio directo para los estratos más bajos que necesitan TransMilenio y SITP para movilizarse y que, por lo tanto, también tiene su componente social.

En medio de la polémica, desde la Alcaldía de Bogotá se sigue presentando con ese enfoque. “Agradecemos al Concejo de Bogotá la aprobación del Rescate Social que asegura recursos de renta básica a más de 450.000 hogares, apoyos educativos para 8.000 jóvenes y garantiza la prestación del servicio público de transporte. Fueron 3 días de intensos y constructivos debates”, afirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

A pesar de que Claudia López cuenta con las mayorías en el Concejo de la capital, esa relación no pasa por su mejor momento, y desde el mismo partido, o sectores que eran afines a la mandataria, hoy le critican la forma en la que presenta las iniciativas y el trato que está teniendo la administración local con el Concejo.