Gustavo Petro no se ha posesionado y algunas de sus propuestas ya preocupan a congresistas de los partidos que se han declarado de gobierno.
El tema es tan candente que algunos legisladores liberales, conservadores y de La U han venido hablando en voz baja y han mostrado su inconformidad por las preguntas que están quedando en el aire tras los polémicos anuncios del entrante gobierno.
Unos congresistas están pidiendo cita con el mandatario electo para que al regreso de sus vacaciones por Europa aclare los alcances de sus propuestas.
Entre ellas, la eliminación de la Procuraduría, un organismo de control disciplinario con el que Petro ha tenido un amargo pasado porque el exprocurador Alejandro Ordóñez lo destituyó de la Alcaldía de Bogotá por el escándalo de las basuras, un fallo que reversó a su favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque los partidos tienen claro que el organismo disciplinario tiene fallas que podrían ajustarse para mejorar su funcionamiento, algunos de sus congresistas tienen más preguntas que respuestas frente a su eventual eliminación.
¿Quién ejercerá el control disciplinario? ¿Acudirá Petro al Congreso para acabar con la Procuraduría? Acaso, ¿no fue un organismo creado por la Constitución y su desaparición tendría que pasar por una constituyente? ¿Por qué Petro no destapa sus cartas y le cuenta al país si pretende o no convocar a una Constituyente? Esos son algunos de los interrogantes que les asisten a algunos congresistas consultados por SEMANA, quienes pidieron reserva de su identidad.
Aunque Germán Vargas Lleras dijo en una columna en el diario El Tiempo que “la Procuraduría podría acabarse sin que nada ocurriese”, algunos congresistas de Cambio Radical, su partido político, no conocen detalles de cómo se contrarrestará en el país las funciones disciplinarias que tiene la institución y lo más importante: por qué vía transitará Petro para acabar con la entidad.
“Ese tipo de reformas uno sabe cómo entran, pero no cómo salen”, dijo el congresista César Lorduy, de Cambio Radical, anticipando que si la eliminación de la entidad pasa por el Congreso podría llevar escondido más de un mico legislativo. Él, por ejemplo, cree que la Corte Constitucional podría tumbar una eventual decisión parlamentaria.
Los partidos que anunciaron su respaldo a Petro siguen firmes en su apoyo con el entrante gobierno, pero algunos de sus congresistas tienen dudas.
Por ejemplo, dirigentes del Partido Liberal se preguntan si la casa roja apoyará la reforma tributaria que busca recaudar 55 billones de pesos, según Ricardo Bonilla, asesor económico de Gustavo Petro, y que lesionaría a la clase media.
El liberalismo, La U y otros sectores que hoy apoyan a Petro se opusieron a la reforma tributaria que propuso en su momento el exministro Alberto Carrasquilla y que pretendía recaudar 25 billones, una iniciativa que llevó al país a movilizarse en las calles.
Sin embargo, la tributaria es un tema que en el Congreso, según como se perciba el ambiente entre los colombianos, podría trasquilarse y reducirse.
La eliminación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), que promueve la entrante ministra de Salud, Carolina Corcho, es otro tema que preocupa entre los congresistas.
Aunque Petro lo había anunciado desde la campaña presidencial, a algunos dirigentes les gustaría que el nuevo mandatario aterrizara la propuesta que hoy tiene a más de un usuario pensando en quién le brindará sus servicios médicos. El tema es de grueso calibre porque compromete la salud de todos los colombianos.
Aunque Petro tiene una aplanadora legislativa que, sin duda, le apalancará el grueso de sus proyectos después del 9 de agosto, de su nivel de diálogo con los partidos políticos que lo respaldaron dependerá que el apoyo político a su favor se mantenga.
Eliminar la Procuraduría y otras de sus polémicas iniciativas ya comprometen la estructura orgánica del Estado y los partidos se han caracterizado por su respaldo a la institucionalidad.
El problema para Petro es que su administración aún no comienza y su equipo de máximos colaboradores ha lanzado más de un dato suelto sobre iniciativas que generan roncha entre los ciudadanos.
La nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció la reforma agraria como uno de los proyectos prioritarios en la próxima legislatura, pero hay desconocimiento frente a la propuesta. Ella aún no tiene certeza bajo qué criterios se determinará si un terreno es o no subutilizado.
Petro tendrá que despejar las dudas a su regreso de vacaciones. De lo contrario, podría ir perdiendo el control de lo que ya ha conseguido en tiempo récord y es el respaldo legislativo. Incluso, podría, eventualmente, verse afectada la presidencia de Roy Barreras.
Hasta el 7 de septiembre tienen plazo los partidos de declararse oficialmente en oposición. ¿Sostendrá el líder de la izquierda su apoyo parlamentario?