Por los presuntos sobrecostos en la celebración del contrato de 23.613 millones de pesos para la compra de botes y motores fuera de borda, destinados para resguardos indígenas en Vichada y Nariño, la Procuraduría General abrió este jueves una investigación preliminar en contra de un grupo de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El organismo de control disciplinario busca establecer si existieron sobrecostos en la compra de estos equipos y evaluar la justificación del contrato que le fue adjudicado a Unión Temporal MP UNP 2024, integrada por las empresas Military Industries y Panitex.
La Procuraduría ya ordenó una serie de pruebas con el fin de comprobar una aparente falta de idoneidad y experiencia del contratista, pues las empresas que conformaban la UT no tendrían experiencia en el sector náutico, ni en la producción o importación de esa clase de equipos.
En la apertura de la indagación, que ya le fue notificada a las partes, se le solicitó a la entidad adscrita al Ministerio del Interior que entregue copia de los estudios previos y de mercado elaborados, el análisis del sector náutico, así como los demás documentos que soportan el proceso de contratación que se adelantó para la adquisición de los botes y motores fuera de borda.
Con la apertura de la indagación previa, se busca identificar e individualizar plenamente a los presuntos autores de la conducta y determinar si procede iniciar una investigación disciplinaria.
Por su parte, la UNP envió un comunicado en el que justifica la necesidad de este contrato para las comunidades indígenas, asegurando que en el proceso de licitación se cumplió con todo lo estipulado en la ley.