Durante meses la defensa del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio, le pidió a los jueces conceder la detención domiciliaria de su cliente por situaciones complejas de salud, que fueron acreditadas con dictámenes de Medicina Legal, pero solo hasta este jueves se resolvió la solicitud.
Luego de analizar todos los elementos de prueba las circunstancias en las que se encontraba el exalcalde recluido en la cárcel Picota en el sur de Bogotá y las denuncias sobre supuestas exigencias de dinero que le hicieron funcionarios del Inpec, la juez a cargo del proceso, ordenó que fuera trasladado a su lugar de residencia.
Felipe Alzate, el abogado del exmandatario municipal, explicó que “desde que Ramiro Suárez fue trasladado a La Picota, en la ciudad de Bogotá, hemos venido acudiendo no solo ante el Juzgado en ejecución de penas, sino ante la Defensoría del Pueblo, la propia Fiscalía e incluso Medicina Legal, de cara a probar algo que era absolutamente evidente y es la incompatibilidad de su salud y de su vida con la reclusión formal”.
La defensa aseguró que la propia Defensoría del Pueblo había advertido que las condiciones de vida del exalcalde en la cárcel La Picota, sur de Bogotá, era “absolutamente indigno y no garantizaba que se le cumpliera con sus condiciones médicas, tanto así que eso tuvo un evidente deterioro en su salud”.
Y aseguró que tras seis meses de todo tipo de recursos para que se probara médicamente su situación clínica, un juez de ejecución de penas decidió otorgarle la prisión domiciliaria a la condena que tiene por homicidio.
“Él tendrá que seguir igual vigilado por el INPEC, en una vigilancia rigurosa semanal. Tiene actualmente un brazalete como dispositivo que no le permite estar 40 metros de distancia del punto de control. Tuvo que pagar una caución de 80 millones y va a seguir en la ciudad de Bogotá, en el domicilio que fue aportado por parte de la defensa. Esos más o menos son los términos de la decisión”, indicó Alzate.
En el mes de marzo, Medicina Legal pidió “cuidados especiales” para Corzo y explicó que existía la necesidad de que recibiera una asistencia personal para los cuidados que necesitaba por su delicada condición de salud. El dictamen fue entregado al juez para insistir en la detención domiciliaria, pues en la cárcel el Inpec no tiene la capacidad, ni el personal para acompañar al condenado exalcalde en los asuntos más básicos como bañarse, hacer sus necesidades y hasta comer.
Con la llegada del 2024, el exalcalde de Cúcuta fue trasladado por orden del INPEC a reclusión hospitalaria debido a las graves complicaciones de salud, detallando que “en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Quince de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dará cumplimiento a la medida de prisión intrahospitalaria al privado de la libertad Ramiro Suárez Corzo solicitada por el Juez”, indicó el Instituto Nacional Penitenciario a través de un comunicado de prensa.”
El Inpec también aseguró que las directivas y la Unidad de Sanidad del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá La Picota, a donde fue trasladado Suárez Corzo desde septiembre pasado, “han realizado el seguimiento a la salud del penado con base en los requerimientos médicos”.