La imagen es del todo escandalosa. Policías que llevan a otro policía esposado para que comparezca ante un juez que decidirá si, como lo ha dicho la Fiscalía, es cómplice de la ataque de las FARC contra el puesto de la institución en la isla Gorgona, en pleno Océano Pacífico, el pasado 23 de noviembre y donde murió un teniente y otros seis uniformados resultaron heridos. Buenaventura Orobio Caicedo es mirado de reojo ahora por sus compañeros. Él dijo que no tenía nada que ver en el asunto “No tengo nada que ver con las FARC”, dijo a quienes lograron acercársele antes de su viaje a Bogotá. La Fiscalía cree lo contrario y le imputó cuatro delitos: terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio agravado. Los fiscales dicen tener la prueba reina que se supone, son interceptaciones telefónicas donde Orobio celebra con miembros del grupo terrorista la cruenta toma a la isla. Luego de una audiencia que se llevó a cabo a lo largo de seis horas en la URI de la Fiscalía, en el barrio La Granja, el juez escuchó los argumento del ente acusador y revisó las pruebas. No dudó en dictarle medida de aseguramiento a Orobio y lo envió a la cárcel de alta seguridad de Jamundí (Valle). Muchos en el país no dejan de condenar este y otros recientes hechos perpetrados por este grupo insurgente, Pero este, en especial, porque se trata de un Parque Nacional Natural en donde los agentes de la policía están más preparados para cuidar plantas y animales silvestres que para repeler a una experimentada guerrilla. Los guerrilleros atacaron agazapados entre la oscuridad. Luego huyeron raudos en lanchas por el mar. Entre los escombros quedó el cadáver del joven teniente John Álvaro Suárez Carvajal. La audiencia del intendente se realiza en la capital del país, en medio de un complejo esquema de seguridad al que no ha tenido acceso la prensa.