Las diferencias entre la Policía Nacional y la Concesión Aeropuertos de Orientes S.A.S. parecen estar llegando a mejores términos, luego de que a comienzos de noviembre pasado la policía decidiera terminar el convenio con la entidad responsable de la administración de los aeropuertos de Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja.
Desde ese momento, la seguridad en esas terminales aéreas, se advirtió, estaría en manos del sector privado.
Dichas diferencias comenzaron cuando las dos partes no lograron un acuerdo para mantener vigente un convenio en el que la concesión le brindaba a la Policía una serie de garantías logísticas al interior de lo seis aeropuertos que opera. A pesar de sentarse a revisar la situación, las conversaciones no llegaron a feliz término y la Policía ordenó la salida de oficiales, suboficiales y patrulleros de las seis terminales aéreas.
Esto provocó una grave grieta de seguridad, pues ante la ausencia de los uniformdos no había quién asumiera funciones claves como la revisión de pasajeros, el funcionamiento de los armerillos, el control de las armas de los esquemas de protección y la seguridad de la infraestructura, entre otros, tal como lo contó SEMANA en su momento.
La situación fue tan apremiante tras la salida de la Policía que dos aerolíneas pusieron en máxima alerta a sus tripulaciones y su personal en tierra para estar atentos, pues la ausencia de los uniformados ponía en eventual riesgo la seguridad de los vuelos, en especial casos puntuales como el traslado de personas privadas de la libertad, que no tendrían vigilancia en tierra.
A pesar de que la Policía aseguró que continuaría haciendo presencia en las cercanías de las terminales aéreas, con hombres asignados a la fuerza disponible y con patrulleros de los cuadrantes y los CAI cercanos, la crisis se agudizó pues los operarios de seguridad privada no estaban capacitados ni autorizados para realizar las funciones que adelantan los uniformados, como las requisas y revisión de armas de fuego.
De hecho, un intento de asonada que protagonizó un grupo de vendedores ambulantes que se enfrentó con los guardas de seguridad al interior del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Santa Marta, puso el dedo en la llaga sobre la gravedad de lo que estaba pasando por cuenta de la ausencia de la Policía.
Vinieron entonces sendos pronunciamientos escritos de la Aeronáutica Civil, del Ministerio de Transporte y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que le dejaron en claro a la Policía y al Ministerio de Defensa los riesgos extremos que corrían los aeropuertos en materia de seguridad. Además, le solicitaron su regreso cuanto antes, recordándole, entre otras cosas, que dentro de sus deberes constitucionales está la protección de las terminales aéreas, consideradas infraestructuras estratégicas de la nación.
La entidad, pese a los requerimientos de todas las entidades, se negó tajantemente a ordenar el regreso de sus hombres, hasta que el Ministerio de Transporte —en el documento de trabajo que socializó analizando las implicaciones de la crisis que enfrenta la Aeronáutica Civil por el escándalo de corrupción que denunció SEMANA— resaltó la necesidad de garantizar el regreso de la Policía.
Sin embargo, en las últimas horas, el operador de los seis aeropuertos confirmó el regreso de los uniformados a todas las terminales aéreas que estaban en riesgo.
“De nuestra parte queremos manifestar el respaldo a la Policía Nacional por el acompañamiento brindado y el soporte desde sus competencias de seguridad en los aeropuertos y a sus usuarios, de tal forma que no se afecten los estándares de seguridad y se dé cumplimiento al fin constitucional primordial que tiene la institución: mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz”, destacó Nelson Rodríguez Cruz, gerente de Aeropuertos de Oriente.
Con ese anuncio, los aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, Almirante Padilla de Riohacha, Simón Bolívar de Santa Marta, Camilo Daza de Cúcuta, Yariguíes de Barrancabermeja y el Alfonso López Pumarejo de Valledupar, todos operados por la concesión, cuentan desde hoy con la presencia de la Policía.