Por considerar que el uniformado actuó de manera desproporcionada, la Fiscalía General de la Nación, judicializó a por el delito de homicidio agravado a Kevin de Jesús Mercado, patrullero de la Policía en Santa Marta. Los hechos, que son materia de investigación, indican que el policía, en medio de un operativo para detener a la víctima, disparó de manera indiscriminada causándole la muerte.
El caso tuvo lugar y fecha, en una calle de la capital del Magdalena, el pasado 15 de julio. La víctima de 23 años de edad, se percató de un puesto de control de la policía y en su intento por escapar se estrelló con un motociclista, pero fue alcanzado por los uniformados y un integrante de la patrulla sacó su arma de dotación y disparó sin previo aviso.
“La evidencia fílmica y los elementos de prueba recopilados indican que el hoy procesado, en compañía de otro integrante de la Policía Nacional, realizaba labores de vigilancia en el centro de la ciudad, cuando un mototaxista que se dirigía en contravía cambió de dirección intempestivamente para evitar ser detenido por los uniformados”, señaló la Fiscalía luego de la judicialización.
Los elementos de prueba, de acuerdo con los investigadores, advierten que el uniformado disparó, sin que existiera un riesgo o peligro contra su vida, simplemente y en la premura por capturar a la víctima, desenfundó su arma y lo atacó de manera desproporcionada, como advirtió el ente acusador.
“En una esquina, el infractor chocó con un motociclista que estaba detenido esperando a que cambiara la señal de un semáforo. En ese instante, los dos policías lo alcanzaron. El patrullero Mercado Guerra, al parecer, se acercó al joven, desenfundó su arma de dotación y le propinó un disparo, causándole una herida mortal”, señaló el ente acusador.
Durante las audiencias preliminares de imputación de cargos y medida de aseguramiento, la Fiscalía entregó la evidencia que corre en contra del policía para advertir que justamente es él, quien tiene que responder por el homicidio del mototaxista, unos hechos que desataron fuertes controversias en la ciudad de Santa Marta.
“Para la Fiscalía, el uniformado actuó de manera desproporcionada y se alejó de su deber constitucional de protección a la población. En ese sentido, fue capturado por investigadores del CTI, en diligencia realizada en Buenavista, Córdoba”, advirtió el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez.
El fiscal a cargo de la investigación, que hace parte de la dirección de Derechos Humanos, imputó el delito de homicidio agravado, un cargo bastante delicado en un procedimiento que para el policía ocurrió en función de su servicio. El ente acusador pidió una medida de aseguramiento y el juez concluyó que el policía podría estar en la detención domiciliaria.
“Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia”, señaló el funcionario.
Aun con la detención domiciliaria, el proceso contra el uniformado continúa y será ya en una etapa de juicio, tras no aceptar los cargos, donde el uniformado se defienda de los señalamientos de la Fiscalía y además pueda argumentar las explicaciones que entregó, respecto del procedimiento.