El director de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, confirmó que una organización ilegal del departamento del Meta mantiene bajo secuestro extorsivo al señor Vicente Ortiz Álvarez, padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia, Hellen Ortiz. Por su liberación, el grupo le solicitó a la familia una alta cantidad de dinero.

La detención ilegal se presentó el pasado martes 20 de diciembre a las dos de la tarde en la vía que conduce del municipio de Granada hacia la cabecera de Lejanías, en el sector conocido como El Crucero. Al parecer, el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por un grupo de sujetos y se lo llevaron a un sitio desconocido.

Son dos detenciones las que preocupan a las autoridades. Por un lado, está la de este hombre, pero por el otro la de un reconocido ganadero. Si bien ocurrieron en sitios y horarios diferentes, tendrían el mismo ‘modus operandi’ y compartirían similares responsables: delincuencia común organizada que busca dinero a cambio de la libertad.

Así lo han podido establecer preliminarmente las unidades de inteligencia que están a cargo de las investigaciones. Aunque ya se tiene un nombre sobre la mesa, no se dio a conocer para no afectar los estudios. Lo cierto es que los testigos de los dos hechos suministraron información que podrían en evidencia que serían los mismos autores.

“Sabemos exactamente el sitio y modus operandi, cómo fueron secuestradas estas dos personas, nos coinciden elementos. Eso nos podría llevar a conocer quiénes realizaron ese secuestro, pero son hipótesis. Tenemos una hipótesis fuerte hacia un grupo que los tiene, es una delincuencia organizada”, comentó el alto funcionario de la institución.

También reveló que los ilegales ya hicieron ofrecimientos para condicionar la libertad de las víctimas. Por una de las personas pidieron mil millones de pesos, mientras que por el otro, 300 millones de pesos. Sin embargo, se anticipó que no se pagará porque se estaría patrocinando la acción delincuencial y abriéndole la puerta a otras detenciones ilegales.

De acuerdo con las estadísticas de la Gobernación del Meta, con este caso ya son nueve las detenciones que se han presentado en lo que va corrido del año en esta región del país. Siete de las denuncias han podido ser resueltas por la Fuerza Pública, las otras están siendo analizadas por las autoridades, que sospechan de las disidencias de las Farc.

En esa lista está una denuncia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) donde informó del secuestro de una persona que tenía bajo su cuidado en el departamento del Meta. En medio de la confrontación con un supuesto grupo armado, también fue retenido uno de los escoltas que acompañaba la caravana de seguridad por las carreteras de esta región del país.

La emergencia se presentó en la vía que conduce del municipio de Granada hacia San Juan de Arama. El grupo de siete ciudadanos, en el que se encontraban cuatro civiles y tres oficiales, fue interceptado por hombres encapuchados que los obligaron a descender de los automotores.

Con fuertes intimidaciones, les quitaron las armas de fuego a los escoltas, además de municiones y chalecos de protección que los blindaban de cualquier acción terrorista. Luego, los amordazaron en plena vía pública y, ante la súplica de la liberación, soltaron a cinco personas que se encargaron de encender las alarmas.

Las ataduras se las quitaron a la compañera sentimental del protegido, dos menores de edad y otros dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, quienes advirtieron a sus superiores de la emergencia: los otros dos quedaron en poder de los ilegales, por lo que se inició un operativo para rescatarlos.