En los últimos días más de 9.000 integrantes de la policía han solicitado su retiro de la institución. Esa avalancha de solicitudes tiene seriamente preocupada a la cúpula y podría ser un grave problema que impacte directamente en la seguridad ciudadana. A esa cifra se suman otros 30 mil uniformados que desde el año pasado comenzaron sus trámites y tienen derechos para salir de las filas de una institución que cuenta con 180 mil integrantes. Puede leer: La Policía Nacional se transforma. La razón de esta decisión está basada en un fallo del Consejo de Estado de finales del año pasado. La sentencia de septiembre de 2018 estableció que los policías de nivel ejecutivo, que son la mayoría de la fuerza, que hayan ingresado a la institución antes del 31 de diciembre del 2004, tendrán derecho a asignación de retiro tras un tiempo no mayor 20 años de servicio. La Corte declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, que fijaba de 20 a 25 años el tiempo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado antes del 31 de diciembre del 2004. El alto tribunal afirmó que el gobierno se “excedió" en sus funciones "al desconocer y traspasar límites materiales previstos para la fijación del régimen de asignación de retiro de la Fuerza Pública". Para el Consejo de Estado con esa decisión se protegen los derechos laborales de miles de uniformados quienes "han visto menoscabado su acceso a una prestación social muy importante que reconoce sus años de esfuerzo por servir a la patria y proteger a la ciudadanía". Le puede interesar: ¿Está la policía para perseguir a un joven que compra una empanada en la calle? Una vez se conoció el fallo miles de policías que tenían 20 o más años de servicio comenzaron el trámite de retiro. Si bien en su momento desde la institución afirmaron que acataban la decisión, era claro también que el retiro de esos uniformados tomaría en promedio un año debido a los trámites. En la base, que es la beneficiada, la sentencia de la Corte fue bien recibida ya que los dejaba en igualdad de condiciones a la de otros miembros de la policía que podían pensionarse a los 20 años de servicio. A pesar de que la mayoría escasamente supera los 40 años de edad, lo grave es que justamente esos uniformados que ya comenzaron esos trámites son policías con una gran experiencia en todo tipo de especialidades. La mayoría de quienes están en proceso de solicitar su salida de la institución lo hacen porque es una oportunidad para mejorar sus condiciones económicas. En promedio recibirían una pensión que, dependiendo del grado, estaría entre los 1.5 y dos millones de pesos. Por tratarse de personas relativamente jóvenes todos tiene altas posibilidades de emplearse de nuevo, con lo que tendrían un ingreso adicional, principal razón para abandonar la institución. Capacitar y conseguir policías “cancheros”, como los que están solicitando en retiro, no es fácil. Si bien en la institución afirman que ese proceso no implica la salida en masa y simultánea de los 9.000 que en las últimas semanas han solicitado su retiro, lo cierto es que sí existe una gran inquietud. El número de personas que deciden incorporarse a la policía no es tan alto y no cubriría el volumen de personal que saldría. En parte porque se trata de una profesión de altísimo riesgo con unos salarios que están dentro de los más bajos del continente. Por eso no se presenta tanta gente como se esperaría. De otro lado la capacitación más básica toma en promedio un año para los patrulleros que saldrían nuevos a las calles para reemplazar a aquellos que llevan más de dos décadas. Aunque desde el interior de la Policía hacen un llamado a la calma, la realidad es que el tema si es un asunto que debe preocupar al gobierno nacional y a la ciudadanía en general pues en últimas serán quienes más sientan las consecuencias de la falta de policías.