En el transcurso de esta semana se registraron dos noticias relacionadas con la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez y las violentas manifestaciones que se presentaron en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que todos los agentes implicados en los hechos violentos deberán ser trasladados fuera de Bogotá.

En un fallo de 76 páginas, el Tribunal le ordena al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá que realicen el traslado del personal que prestó sus servicios en los CAI de la ciudad de Bogotá. Esto por considerar que existió un notable abuso de autoridad que afectó la jornada de manifestaciones en rechazo a la muerte de este hombre a manos de varios agentes de la Institución.

“(…) se logró establecer que en el desarrollo de la protesta social por parte de la Policía Nacional, relacionados con abuso de autoridad”, aclara la sentencia. En este sentido se avalaron las pretensiones de la demanda presentada por el exministro del Interior y exveedor de Bogotá, Guillermo Rivera, quien señaló que los policías maltrataron a los manifestantes.

Teniendo en cuenta los informes realizados por la Defensoría del Pueblo y varias ONG se llegó a la conclusión de que durante la jornada diez personas perdieron la vida, decenas resultaron gravemente heridas y se destruyeron bienes públicos y privados “por parte de algunos manifestantes y la alteración del orden público en la ciudad durante los días de protesta”.

La respuesta de la Policía no fue la esperada, puesto que afectaron el derecho a la seguridad y a la protesta. Durante esa jornada, los ciudadanos manifestaron su poca confianza en la Institución, la cual quedó resaltada tras la muerte de Ordóñez, quien fue retenido por dos agentes cuando se encontraba fumando un cigarrillo afuera de su conjunto residencial. Tras atacarlo con pistolas taser, pese a su estado de indefensión, fue montado a la fuerza a una patrulla para trasladarlo al CAI de Villa Luz, en Engativá.

En ese lugar fue golpeado por varios de los agentes, provocándole la muerte. Frente a las investigaciones penales y disciplinarias por este caso, el Tribunal advirtió que no se han conocido conclusiones finales y falta mucho por esclarecer, hecho por el cual también le pidió a la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía Nacional un informe actualizado sobre las etapas de las indagaciones “que se hayan adelantado a uniformados de la Policía Nacional”.

“En tanto se afectó el deber de protección y confianza del ciudadano en una de las instituciones básicas para asegurar la convivencia pacífica en un marco de protección de los Derechos Humanos”, señala la decisión que consideró que los manifestantes no contaron con las medidas de seguridad y protección.

“No han culminado las investigaciones en varios de los casos, según los informes recibidos, circunstancia que no contribuye al esclarecimiento y a las garantías de no repetición, elemento fundamental del propósito perseguido por la acción popular, teniente a precaver la reiteración de conductas lesivas a los derechos e intereses colectivos”, advierte el fallo.

Igualmente, le ordenó a la Alcaldía de Bogotá y su Secretaría de Gobierno para que elabore un listado de las personas reportadas como víctimas sobrevivientes de los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 para que se adopten las medidas de reparación adecuadas en el ámbito de su competencia.

Por estos hechos, recientemente la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al intendente Juan Gabriel Bohórquez y al patrullero Henry Alejando Bonilla Bastidas. En la decisión se indica que pese a su estado de vulnerabilidad, Javier Ordóñez fue golpeado en repetidas oportunidades cuando llegó al CAI. Igualmente, se intentó ocultar información sobre lo que ocurrió dentro de la estación.