El proceso contra el mayor de la Policía, Duván Muñoz, no pasará, por ahora, a la Justicia Penal Militar. Así lo determinó la jueza 14 de control de garantías de Bogotá que ordenó este lunes que se continúe con la audiencia de imputación de cargos por los hechos que rodearon la prueba de polígrafo a la que fue sometida en enero de 2023 Marelbys Meza, quien trabajaba en la casa de Laura Sarabia.
Tras la reanudación de la diligencia judicial, la juez determinó que tras revisar la documentación, y pese a lo dicho por el abogado del mayor, hasta el momento no se ha planteado ningún conflicto de jurisdicción por lo que se debe continuar con la respectiva audiencia de imputación de cargos.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos el mayor Muñoz, siguiendo las indicaciones del coronel Carlos Alberto Feria, jefe de seguridad de la Presidencia de la República, fue el encargado de realizar varias preguntas con un tono amenazante para que Meza reconociera a la fuerza su autoría o participación en el robo.
“Al término de la prueba, Marelbys Meza Buelvas habría sido despojada de su teléfono celular y quedado durante casi una hora en compañía del mayor Muñoz Hernández”, sostiene la investigación del fiscal de derechos humanos frente a la línea de investigación que se adelanta por la prueba de polígrafo en la Sala Galán, ubicada en inmediaciones a la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá.
En dicha prueba, según se pudo comprobar, el mayor utilizó términos desobligantes y ejerció presiones indebidas para que Meza aceptara su responsabilidad en el robo de la maleta. Todo esto bajo el conocimiento y supervisión de sus superiores.
En este caso, que fue revelado en exclusiva por SEMANA, la Corte Constitucional evalúa en la actualidad un conflicto de competencias presentado por la Justicia Penal Militar para asumir la investigación contra el corone Carlos Alberto Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. quienes habrían participado activamente en la prueba de polígrafo que se extendió durante varias horas.
Un juez de la Justicia Penal Militar sostuvo, a finales de marzo, que los hechos materia de investigación se pueden catalogar como “actos de servicio”. Por este hecho, el expediente debe pasar a su “juez natural” para que se adelante el respectivo proceso y, si existen méritos, emitir un fallo condenatorio.
Laura Sarabia, quien ahora es la jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, ya rindió interrogatorio ante un fiscal delegado de la Corte. En dicha sesión, negó haber ordenado la prueba de polígrafo o haber tenido conocimiento de la misma.
“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo la directora de Prosperidad Social.
En la actualidad, el despacho del fiscal recauda elementos materiales probatorios para definir si abre investigación formal en contra de Laura Sarabia, quien es considerada una de las personas más cercanas del presidente Gustavo Petro.