Hace pocos días el procurador Alejandro Ordóñez emprendió ante la Corte Constitucional una batalla para que se le otorgara la libertad al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia en 1985. Ahora en la Corte Suprema de Justicia se define su futuro en un recurso de casación que interpuso para tumbar su condena. En la ponencia, radicada este miércoles por el magistrado Luis Guillermo Salazar, se solicita absolver al coronel Plazas porque no existen pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad del alto oficial en los hechos del Palacio de Justicia. En la ponencia se indica textualmente: “casar el fallo de origen y naturaleza indicados, y en su lugar absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega de los delitos por los cuales había sido condenado de acuerdo con los cargos. Disponer la libertad inmediata e incondicional del coronel en razón a (sic) la decisión adoptada, por lo que se le notificara al Tribunal Superior de Bogotá que debe emitir la orden de libertad”. En el escrito se manifiesta que no existen pruebas documentales y testimoniales que relacionen al excomandante de la Escuela de Caballería con la desaparición de 11 personas que salieron con vida de la edificación rumbo a la Casa Museo del Florero, donde operaba la base inteligencia del Ejército, el B-2. La ponencia se apresta a ser debatida por los nueve magistrados que integran la Sala Penal de la Corte Suprema, quienes el próximo miércoles tomarán una decisión definitiva respecto a la ponencia. La condena El Tribunal Superior de Bogotá había condenado a Plazas Vega a 30 años de prisión por la desaparición forzada de dos víctimas del Palacio de Justicia. El alto tribunal también ordenó establecer la responsabilidad del expresidente Belisario Betancur a través de la Corte Penal Internacional. Las Fuerzas Militares deberán realizar un acto público de perdón. En su momento tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá completaron el estudio de la sentencia en contra del oficial y mantuvieron en fallo de segunda instancia que, por los hechos sucedidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985.   El alto tribunal estableció que la decisión en contra del coronel corresponde a sólo dos de los llamados desaparecidos del Palacio de Justicia. Se trata de la exguerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería del lugar, Carlos Augusto Rodríguez Vera. En cuanto a otras nueve personas desaparecidas, que no hacen parte de la condena, se decretó nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación.