Una nueva propuesta que se perfila como la definitiva, acordaron esta tarde los ponentes de la Ley de Financiamiento y el equipo económico del gobierno, con el fin de lograr un recaudo de 13,7 billones de pesos para el próximo año. La iniciativa se acerca mucho a lo que había planteado originalmente la Ley de Financiamiento radicada el 31 de octubre por el ministro Alberto Carrasquilla, y que pretendía obtener para el fisco un total de 14 billones de pesos. La ponencia, que para algunos congresistas podría ser la definitiva, será discutida nuevamente este martes a partir de las 10:30 de la mañana y se estima que el miércoles será radicada la ponencia definitiva para que el jueves se realice la votación de las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara. Le recomendamos: Sector financiero: a pagar más El miércoles, cuando se radique la ponencia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hablará sobre los alcances de la iniciativa y lo que espera el gobierno en materia tributaria para el próximo año. Aunque el gobierno ha insistido en que hasta que se conozca la ponencia definitiva se sabrá con exactitud en dónde esperan recoger los recursos, los congresistas aseguraban ayer que ocho serán las fuentes principales de recaudo. La primera proviene de los cambios en renta a personas naturales, que incluye la unificación de cédulas e implica mayores tarifas marginales para quienes ya pagan impuestos. Esto le permitiría al fisco obtener 1,9 billones de pesos. Escuche: Ley de financiamiento: la recta final También está el impuesto al patrimonio, que aplicaría una tarifa de 1,5 por ciento a las personas con patrimonios líquidos superiores a los 5.000 millones de pesos, descontando los primeros 463 millones de pesos de la vivienda que habita. Esto le podría generar 1,2 billones de pesos más. La tercera fuente es el impuesto plurifásico a cervezas y gaseosas, que actualmente tiene el carácter de monofásico porque se cobra básicamente en la planta. La iniciativa busca que el IVA que pagan estas empresas se cobre en el resto de la cadena, es decir en distribuidores, comercializadores y en las cerca de 480.000 tiendas de barrio. El gobierno espera recaudar 960.000 millones de pesos por este tributo, aunque los empresarios del sector aseguran que podría ser mucho menor debido a que los tenderos del país no cuentan con el sistema contable para convertirse en responsables del recaudo de este impuesto. Los dividendos serán otra de las fuentes del nuevo proyecto, pues se plantea establecer una tarifa del 15 por ciento para aquellos que superen los 10,3 millones de pesos. También está prevista una tarifa del 7,5 por ciento sobre el giro de utilidades al exterior. Estos dos impuestos generarían 821.000 millones de pesos. La quinta estrategia estaba contemplada desde el principio y tiene que ver con la normalización tributaria que otorgaría la Dian a los capitales de colombianos en el exterior. Por esta fuente se obtendrían 1.000 millones de pesos. Le sugerimos: El déficit presupuestal es de 30 billones de pesos, dice el contralor general Una de las novedades que trae la propuesta que ayer quedó preacordada tiene que ver con la limitación de descuentos del IVA hasta el 90 por ciento. Actualmente los empresarios pueden descontar hasta el 100 por ciento del IVA que pagan en la cadena productiva, pero ahora esta cifra bajará al 90 por ciento. Esto le permitirá al fisco recaudar 6,04 billones de pesos. Una sobretasa de renta a los sectores financieros es otra de las medidas contempladas en la ponencia. Esta sobretasa equivale al 5 por ciento sobre el impuesto de renta, lo que llevaría a este sector a pagar una tarifa por encima del 33 por ciento previsto para el resto de empresas en 2019. Con esta medida, se recogerán 700.000 millones de pesos más. Y la última medida contemplada tiene que ver con un impuesto al consumo del 2 por ciento para la venta de vivienda con un valor superior a los 918.000 millones de pesos. Esta le dejaría al fisco unos 1,1 billones de pesos. Con este conjunto de medidas, el gobierno espera recaudar 13,7 billones de pesos, cifra muy cercana a la que se había planteado el ministro Carrasquilla al radicar su propuesta.