Los colegios e instituciones educativas, donde se supone los menores de edad tendrían que sentirse protegidos y su única preocupación debería ser aprender, se han convertido, en ocasiones, en los lugares donde son violentados física y hasta sexualmente. Así lo ha advertido la Procuraduría General de la Nación que tiene puesta la lupa sobre esta problematica.
Las cifras son preocupantes, 191 funcionarios, entre docentes y administrativos han sido destituidos y/o inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación, por estar involucrados en presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos en el país. Además, hay 237 procesos que se encuentran activos por situaciones de acoso o abuso sexual de funcionarios de entornos educativos contra menores de edad.
El último caso es la destitución e inhabilidad general por 12 años contra Kelvy Jossier Alcendra Cotes, un docente que realizó actos sexuales violentos contra un estudiante de la Institución Educativa Técnica Internado Indígena San Antonio de Aremasani, con sede principal en Manaure, La Guajira.
El ente de control comprobó en fallo de primera instancia que, aprovechando su posición, el disciplinado tocó las partes íntimas y tuvo conductas indebidas con un alumno de 18 años de edad dentro de las instalaciones del plantel, con la excusa de hacerle una recuperación de la materia de Ciencias Naturales y Química.
Para la Procuraduría, no es aceptable, desde ningún punto de vista, que un profesor se valga de estrategias hostiles como amenazar a un estudiante, con el argumento de que le va a hacer perder el año si no accede a sus pretensiones con fines sexuales, tal como lo hizo con su víctima Alcendra Cotes.
A pesar de que el servidor público debía tratar con respeto a sus educandos, incumplió el deber funcional que le fue encomendado, de formar integralmente a los miembros de la comunidad educativa que se encontraban bajo su custodia, agregó la Entidad.
El ente de control sentenció que el educador no se ajustó a su rol de autoridad escolar “bajo una orientación basada en principios éticos y morales, y con respeto de la dignidad humana (…)”, contrariando con ello el principio de moralidad que impone a los educadores ser ejemplo de rectitud, honorabilidad y confianza.
La falta de Alcendra Cotes fue calificada como gravísima cometida a título de dolo. El apoderado del disciplinado interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento Disciplinario.