La Procuraduría General le solicitó al alcalde de Bajo Baudó, Chocó, Hermenegildo González Ibargüen, que informe sobre las medidas adoptadas para brindar atención humanitaria a las comunidades desplazadas desde las zonas rurales del municipio hasta su cabecera urbana.
En el marco de una acción preventiva, la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz lideró una mesa de trabajo con las autoridades municipales, en la que se requirió, además, que se precisara el presupuesto asignado por la administración para la atención de estas familias y se detallara cuánto de esos recursos se ha ejecutado entre 2022 y 2023.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó información sobre las condiciones actuales y los lugares donde se encuentran estas familias, si están registradas en el Registro Único de Víctimas y cuántas reciben ayuda humanitaria de transición.
Durante el encuentro, la Procuraduría General también requirió información sobre los planes de retorno implementados y las acciones llevadas a cabo para garantizar su duración y efectividad, con el objetivo de velar por la seguridad de las familias que han decidido regresar a sus hogares.
Por último, el órgano de control indagó sobre las acciones emprendidas por la administración municipal para prevenir y proteger a la población civil del reclutamiento forzado y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la zona.
Deserción escolar y suicidios en Chocó
La comisión especial de la Procuraduría General que llegó a Chocó reveló una alarmante situación de reclutamiento forzado de menores de edad por parte del ELN y el Clan del Golfo, que se siguen enfrentando en medio de su disputa territorial en el departamento.
Esta problemática ha provocado un elevado índice de deserción escolar y un preocupante aumento en los casos de suicidio entre los jóvenes de la región, de acuerdo con el órgano de control.
Según los informes recibidos de la Secretaría Departamental de Educación, solo en el año 2022, 6.019 estudiantes de todo el departamento abandonaron sus colegios. Más del 54 % de ellos provenía de la zona de San Juan, epicentro de la actual crisis humanitaria.
Las razones de la deserción están relacionadas con el desplazamiento de las familias y el temor a ser reclutados durante el trayecto hacia las escuelas y colegios.
Aunque no se cuenta con un registro preciso de los menores reclutados en el departamento, la Policía Regional ha informado que en lo que va del año 2023 se ha rescatado a 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. Sin embargo, se estima que existe un considerable subregistro en relación con este flagelo.
Jefferson Mena, asesor delegado por la Procuradora para liderar la comisión especial en Chocó, destacó que “una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra”.
Además, durante la reunión con las entidades encargadas de atender a los afectados, la Procuraduría constató que las comunidades denunciaron que nunca recibieron los alimentos y otros artículos de primera necesidad que conforman la ayuda humanitaria.
Aunque la Unidad para la Atención de Víctimas (UARIV) desestimó esta denuncia, contrastando la información con la Defensoría del Pueblo y las entidades de cooperación internacional presentes en la región, el Ministerio Público confirmó que, efectivamente, la ayuda mencionada por la UARIV nunca llegó, lo que ha agravado la situación de desabastecimiento para más de 9.000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan.
A pesar de la reciente decisión del ELN de supuestamente levantar el paro armado en la región y la normalidad reportada en los centros urbanos de estas poblaciones, el Ministerio Público ha recomendado no bajar la guardia en cuanto a las precauciones en las zonas rurales, hasta que las unidades militares en terreno confirmen la seguridad en la movilidad de los ciudadanos por ríos y carreteras.
La Procuraduría también les solicitó a las entidades del orden nacional, como el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, el ICBF, así como a las Fuerzas Militares y autoridades locales, que se articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esa subregión y garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades, incluyendo la vida, la alimentación, la salud y la libre movilidad.