La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director general (e) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez, y al director de Custodia y Vigilancia de la misma entidad, Rolando Antonio Ramírez, por una aparente omisión de sus funciones para garantizar la seguridad del director de la cárcel La Modelo, Élmer Fernández Velasco, asesinado el pasado 16 de mayo, en Bogotá.
La decisión de la Procuraduría se da por este reciente asesinato que se dio en horas de la tarde en Bogotá, muy cerca del sector de Los Héroes, por donde se movilizaba Fernández Velasco en su vehículo, quien fue atacado por un sicario que con un solo disparo lo dejó sin vida. Desde ese momento, empezaron las dudas de si el fallecido director del penal contaba con la seguridad que debía acompañar al encargado de una cárcel como La Modelo y si había recibido algún tipo de amenazas.
Por eso mismo, la Procuraduría advierte que “al parecer, los funcionarios no adoptaron las medidas de protección pertinentes luego de recibir información sobre las amenazas recibidas por Fernández Velasco, así como tampoco habrían tramitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) la evaluación de su nivel de riesgo”.
Entre otras pruebas, el órgano de control requirió al Inpec informar las medidas administrativas y preventivas diseñadas para enfrentar amenazas proferidas contra la vida e integridad personal de los servidores de esa entidad, así como detallar cuál es el procedimiento interno y quién está encargado de ordenar su implementación.
Las primeras hipótesis
Aunque la Procuraduría abrió esta investigación contra el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, por presuntamente no tomar medidas preventivas, también avanzan las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales de los hechos, y en ese caso los radares también apuntan a la guardia penitenciaria.
Una de esas hipótesis advierte la vinculación de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el asesinato del director, principalmente los más cercanos al coronel Fernández y que tenían información precisa sobre sus movimientos y las decisiones que habrían motivado el asesinato.
Lo que se ha logrado establecer es que, efectivamente, tras su llegada a la cárcel La Modelo, el coronel Fernández adelantó algunos procedimientos, tomó las determinaciones necesarias para mejorar no solo la reclusión de los privados de la libertad, sino garantizar la seguridad de los mismos, mientras enfrentaba a los llamados plumas de los patios.
Parte de esas decisiones fueron justamente el detonante para ordenar el asesinato del director, de forma particular cuando se anticipó que en los próximos meses se determinarían algunos traslados de los cabecillas de los patios como estrategia para mejorar la situación de seguridad de las mismas instalaciones.
La decisión, que solo conocían pocos funcionarios en la cárcel La Modelo y que anticipaba el traslado de los llamados caciques de los patios, se filtró entre los mismos criminales, lo que –de acuerdo con la hipótesis– se convirtió en la advertencia asesina para el coronel a través de panfletos y posteriormente ejecutando el asesinato.