El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) busca responsables en el escándalo de las tierras baldías que trascendió hace unas semanas en el país. El presidente de la Sala Disciplinaria de ese Alto Tribunal, Wilson Ruiz, aseguró que su corporación abrió una indagación preliminar a los abogados de Brigard & Urrutia. Se busca establecer sí hubo irregularidades en la adquisición de los predios. “Se pretenderá establecer cuáles son los responsables de esta firma y su participación en el caso -explicó Ruiz-. En los próximos días habrá citaciones al respecto”, agregó. El magistrado tomó la decisión tras una queja que interpuso la Red de Veedurías Ciudadanas que dirige Pablo Bustos. Este, a su vez, se basó en las denuncias del senador del Polo Jorge Enrique Robledo, quien ha insistido en que la firma de abogados contrarió la ley al montar un entramado de empresas con el propósito de “esquivar las limitaciones legales para armar una plantación de palma y una planta de etanol sobre antiguos terrenos baldíos adjudicados a campesinos”, como lo citó en su columna de SEMANA el 15 de junio pasado el periodista Daniel Coronell. El caso afecta al embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia. La queja de la Red dice que “el abogado y hoy embajador Urrutia fue socio de esta firma de abogados previo a su nombramiento en este cargo, la cual habría desplegado un entramado empresarial jurídico para apropiarse de 42.000 hectáreas de tierra con antecedente de baldío en la Altillanura colombiana, violentando las prohibiciones de Ley 160 de 1994”. El nombre de Urrutia y de la firma Brigard & Urrutia surgieron en este episodio por la voz del senador Robledo, quien los señaló de haber estructurado la estrategia mediante la cual la firma Riopaila Castilla se hizo con cerca de 40.000 hectáreas de tierras baldías en Vichada. El embajador Urrutia, por su parte, a través de comunicados, argumentó que para asumir el cargo que ostenta vendió las acciones que le pertenecían en la firma Brigard & Urrutia y que en la actualidad no tiene participación alguna en dicha firma. Urrutia dijo también no ser ni directa ni indirectamente beneficiario de predios ubicados en Vichada y no tener intereses en, ni es beneficiario de negocios que de cualquier manera recaigan sobre predios que sean o hayan tenido la condición de tierras baldías. La apertura de investigación es el primer paso de la Red de Veedurías que reclama absoluta claridad en este caso. Bustos, especialista en tumbar congresistas y poner contra la pared a altos servidores del Estado, dijo que irá hasta las últimas consecuencias. Afirmó además que sus acciones no se limitan solo al Consejo Superior de la Judicatura, sino que este viernes radicará en la Fiscalía General una denuncia para que también se investigue si la firma Brigard & Urruita cometió delitos punibles.