La Fiscalía General citó a interrogatorio a tres patrulleros y un intendente de la Policía por haber participado en las chuzadas de la línea telefónica de Marelbys Meza., la exniñera de la ahora exjefe de Gabinete del Gobierno, Laura Sarabia.
El analista de comunicaciones y los investigadores tendrán que presentarse con sus respectivos abogados ante la Fiscalía General para explicar los hechos que rodearon estas interceptaciones, para las cuales se habría inducido al error a un fiscal de la unidad contra bandas criminales que investigaba la estructura de alias Siopas, uno de los jefes del Clan del Golfo.
Esto en el marco de la investigación que se adelanta por las escuchas ilegales que se habrían motivado por un engaño de los agentes de la Dijín que vincularon la línea telefónica a una investigación contra uno de los jefes del Clan del Golfo.
El pasado jueves, la vicefiscal General, Martha Mancera, anunció que Laura Sarabia fue citada a interrogatorio para que rinda, en compañía de su abogado, todas las explicaciones sobre estos hechos que fueron revelados en exclusiva por la SEMANA.
Esta investigación fue asumida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción que tendrá la labor de establecer las irregularidades en el trámite y realización de interceptación de las comunicaciones.
Igualmente, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ya fueron comisionados para la recolección de evidencia y testimonios. Esto con el fin de establecer la decisión que se tomará en esta línea de indagación.
En la mañana de este viernes, una comisión de la Procuraduría General realizó una inspección en la sede de la Dijín de la Policía, ubicada en el occidente de Bogotá, para recolectar evidencia sobre estas interceptaciones.
Los funcionarios del Ministerio Público -según se pudo establecer- realizaron la recolección de evidencia sobre los registros de estas interceptaciones ilegales a Meza y Perea, esto con el fin de establecer e identificar a los agentes de la Dijín que habrían ejecutado estas acciones. El pasado jueves, SEMANA reveló que las líneas de las dos trabajadoras habían sido vinculadas a una investigación que se adelantaba contra colaboradores de la banda criminal del Clan del Golfo.
Con las pruebas recolectadas se busca abrir una investigación formal contra todos aquellos que habrían “inducido” a un error un fiscal par que pidiera la interceptación de los números telefónicos. Igualmente, la Procuraduría recolecta información testimonial de otras personas que habrían participado en esta acción, a todas luces, ilegal e injustificada.
Por medio de un comunicado, la Policía Nacional confirmó de un investigador de esa Institución solicitó que sumaran dos líneas en el marco de una investigación contra el Clan del Golfo. Sin embargo, 72 horas después de que inició la intercepción, el investigador pidió cancelar la actividad argumentando que “no correspondía a la motivación fundada”.
“El analista informó que ese requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijin”, señala el texto.
“Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo, argumentando que no correspondía a la motivación fundada”, subraya el comunicado en el que la Policía manifiesta que su dirección general dispuso que se realizaran las investigaciones de rigor.
“Ante estas informaciones suministradas por el Director de la Dijín, la Dirección General dispuso que la Inspección General adelantara las actuaciones de rigor”, concluye el texto.
Sin embargo, la Fiscalía General sostiene que las interceptaciones se extendieron por diez días. “Es falso el argumento citado por la Policía Nacional en un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que indica que, el 26 de enero del año en curso, un investigador adscrito a la Dijín solicitó interceptar las líneas telefónicas de la exniñera y de la mujer que le ayudaba en las labores domésticas a la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”.
En rueda de prensa, el fiscal General, Francisco Barbosa manifestó que agentes de la Dijin le entregaron a un fiscal contra bandas criminales las líneas telefónicas de las dos trabajadoras de Laura Sarabia en una investigación contra de alias Siopas, el comandante del Clan del Golfo.
“Se inventaron informe de la Policía de la Dijin, las convirtieron en integrantes del Clan del Golfo y les hacen un polígrafo que no tienen nada que ver con la seguridad nacional”, reclamó el jefe del ente investigador al señalar que desde un momento se señaló que las mujeres trabajan como Siopas, una siendo su cocinera de confianza y la otra de ayudarle en labores varias.