Mientras se desempeñó como director del Hospital Militar, el general en retiro Ricardo Gómez Nieto, dispuso de todo su poder para contratar a una mujer que estaba condenada por la justicia. Así quedó establecido en una imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra del oficial por irregularidades en contratos.
El entonces director del hospital, ordenó a la dirección de talento humano, contratar a la mujer, aun sabiendo que no era posible vincularla al Estado, ni siquiera mediante un contrato de prestación de servicios, pues tenía un vigente una condena judicial en su contra.
“El oficial, quien ocupó el cargo entre 2010 y 2013, habría solicitado a la Dirección de Talento Humano del centro asistencial vincular mediante contrato de prestación de servicios a una mujer, a sabiendas de que no podía contratar con el Estado porque estaba vigente una condena judicial en su contra”, señaló la Fiscalía.
En audiencias de control de garantías la Fiscalía presentó todo el material probatorio que recaudó a lo largo de meses de investigación y que advertían las presuntas irregularidades en las que incurrió el general en retiro al contratar a la mujer condenada.
El ente acusador logró demostrar que el general, aun sabiendo la presunta inhabilidad que corría en contra la mujer, ordenó a la oficina de talento humano contratarla con un soporte que solicitó a la Procuraduría y que aparentemente le daba viabilidad a la contratación.
“Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá, al exdirector del Hospital Militar Central, general en retiro del Ejército Nacional Ricardo Gómez Nieto, y le imputó el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades”, explicó el ente acusador.
Lo que logró establecer la Fiscalía es que el contrato de prestación de servicios, que empujó con tanto esfuerzo el entonces director del hospital militar, ubicaba a la mujer condenada en un cargo de relevancia como asesora del propio director, con un salario fijado en 42 millones de pesos.
“El entonces director solicitó a la Procuraduría General de la Nación un concepto que permitiera la posesión. Esta actuación resultaba irregular porque se pidió a una dependencia que no era la encargada de expedirlo”, advirtió la Fiscalía ante las audiencias de imputación de cargos.
El general en retiro no aceptó su responsabilidad en los hechos que fueron enumerados por el ente acusador, sin embargo, continuará ligado a la investigación y la Fiscalía presentará un escrito de acusación en su contra con el firme propósito de obtener una condena.
“Finalmente, con el contrato de prestación de servicios 038 del 19 de mayo de 2010, la persona que se quería beneficiar fue empleada como asesora del director general del Hospital Militar, por un valor de 42 millones de pesos”, se escuchó durante la audiencia de imputación.