Desde el mes de febrero hasta la fecha, la Fiscalía General de la Nación indicó que han logrado la imputación de cargos contra 125 personas por distintos hechos relacionados con la corrupción.
Estas personas, entre las que se encuentran seis alcaldes y cuatro exalcaldes, en su mayoría incurrieron en irregularidades de contratación o recibieron dineros para favorecer a alguien específico en este tipo de procesos.
De acuerdo con la Fiscalía, estas no son las únicas conductas ilícitas en las que habrían incurrido los hoy investigados, entre los que también hay 14 contratistas, 48 funcionarios, un concejal y 52 particulares.
“Seguimos recorriendo los territorios verificando los avances investigativos en los frentes de trabajo que hemos priorizado para poner en evidencia y lograr la judicialización de los responsables de la apropiación o desviación de los recursos públicos”, afirmó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Entre las personas judicializadas en Sucre está la exalcaldesa de San Onofre, Mayda Balseiro López, y otras tres personas por presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos suscritos en septiembre del año 2019.
Según un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Sincelejo, el objetivo de los convenios era garantizar la canalización del arroyo Pajuil, en el corregimiento de Rincón del Mar, en San Onofre.
Indican que en este caso puntual el material de prueba indica que los procesos de contratación, que ascendieron en valor a 2.500 millones de pesos, fueron direccionados y se realizaron de manera directa al amparo de una declaratoria de urgencia manifiesta que carecía de justificación.
“Hicimos una revisión de nuestras acciones judiciales en Sucre y desde febrero de 2020 han sido imputadas 125 personas. Hace pocas horas también como parte de esta labor decidida contra la corrupción logramos la judicialización de la exalcaldesa de San Onofre, un exsecretario de Obras Públicas, un interventor y dos contratistas. Estas personas habrían participado de la celebración irregular de un contrato y se habrían apropiado de 2.500 millones de pesos”, indicó Barbosa Delgado.
La Fiscalía logró determinar que las obras de este contrato no se ejecutaron, pero fue desembolsada la totalidad de los recursos. Adicional a esto, las verificaciones contables realizadas evidenciaron que el contratista habría invertido solo 231 millones de pesos.
El fiscal general resaltó que “es importante decir que todos estos casos permiten demostrar la acción de la entidad contra la corrupción”.
Las cuatro personas involucradas en el caso de San Onofre fueron capturadas por integrantes de la Policía Nacional y la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, pero ninguno aceptó los mismos.
“Seguimos hablando en los territorios con resultados, pero al mismo tiempo diciéndoles a los ciudadanos que sus recursos, los que pagan, no van a ser apropiados por corruptos y no vamos a dejar de sancionarlos”, aseveró el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.
En el Huila 13 alcaldes se han visto involucrados en hechos de corrupción, según el fiscal Francisco Barbosa
Las cifras que maneja la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Huila por hechos de corrupción son impresionantes, pues hasta el momento son 116 las personas que han resultado judicializadas por actuaciones irregulares como alcaldes, funcionarios, contratistas y particulares, desde que asumió el cargo el fiscal Francisco Roberto Barbosa Delgado el 13 de febrero de 2020.
Los logros compartidos por el fiscal Barbosa durante los últimos 31 meses hacen referencia a los contratos que fueron direccionados por varios mandatarios municipales para terminar apropiándose de recursos públicos, entre otras actuaciones ilícitas.
Explicó además que durante este tiempo han sido imputados 17 contratistas, 16 personas particulares, tres interventores y 56 servidores públicos con diferentes cargos como directores, gerentes y asesores de la Gobernación del Huila o varias alcaldías municipales; igualmente concejales, funcionarios judiciales y hasta agentes de tránsito.