A una semana de las elecciones del nuevo parlamento, los investigadores Fabio Arroyave y Edward Rodríguez le pidieron a sus 13 colegas de la Comisión de Acusación que acusen al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo. El resultado de las investigaciones por el escándalo del cartel de la toga los llevó a pedir que sea procesado por cuatro delitos: concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva."En el arsenal probatorio que fue allegado al expediente, se pudo establecer que existen indicios de la responsabilidad de Malo en la conformación de un grupo de personas, tanto de funcionarios públicos como particulares, con los cuales se concertó para afectar ilegalmente procesos de aforados que se tramitarán en sede de unica instancia", se lee en el documento.En contexto: 80 días MaloLa investigación de los congresistas será llevada al pleno de la Comisión de Acusación, en donde será estudiada por sus 13 colegas para tomar la decisión de si acusa o no ante la Cámara de Representantes. En caso de salir favorable, este mismo procedimento se llevará ante el Senado de la República y de allí ante la Corte Suprema de Justicia.El escándalo llevó a que Malo fuera denunciado hace ocho meses ante el Congreso de la República, sin embargo, Malo se ha negado a renunciar a la Corte Suprema de Justicia. El único antecedente de un caso similar, el del exmagistrado Jorge Pretelt, indica que solo cuando el caso llegue al Senado se podrá tomar la decisión de suspenderlo de su cargo.Parece poco probable que los términos alcancen para llegar a esta etapa, considerando que el nuevo Congreso se posesionará el 20 de julio. Hasta ahora, el magistrado Malo ha logrado hacerle el quite a su presencia en el alto tribunal a través de solicitudes de licencias e incapacidades por estrés y depresión. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo su situación se hace cada vez más insostenible y urge una decisión de fondo. Entre las evidencias que tienen los investigadores en contra de Malo están las investigaciones que cursaban en su despacho en contra de Musa Besaile y Álvaro Ashton. La interceptación de comunicaciones que hizo la DEA al exgobernador Alejandro Lyons y al abogado Leonardo Pinilla revelaron que alrededor de frenar su curso en la corte se habrían pagado al menos 2.000 millones de pesos en uno y 600 millones en otro.Puede leer: Los ‘favores burocráticos‘ de magistrados de la Corte en FonadeEl dinero -dicen los investigadores- se exigió "ya sea para evitar órdenes de captura, para buscar archivos, o simplemente para dilatarlos y buscar en el futuro una posible prescripción".En el caso de Musa Besaile, el exsenador hoy en la cárcel, admitió haber entregado parte del dinero como parte de una extorsión que le hizo el abogado penalista Gustavo Moreno. Según Besaile, detrás del abogado estaba el magistrado de la corte Leonidas Bustos, sobre quien avanza otra investigación en el seno del Congreso.