La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que expone que por lo menos 2.588 familias integradas por 7.822 indígenas de la comunidad awá de los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca y comunidades afro del corregimiento de Jardines de Sucumbíos se encuentran en riesgo de afectación a sus derechos por cuenta de la disputa por el control territorial entre disidencias de las Farc.

En su reporte, la entidad documentó los riesgos e impactos humanitarios para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos (Nariño), además los Resguardos y Cabildos Awá en Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón (Putumayo) y Piamonte (Cauca).

“En la Defensoría del Pueblo hemos emitido esta Alerta Temprana por la disputa territorial entre grupos armados ilegales y por los hostigamientos armados, amenazas en contra de las comunidades y autoridades étnicas, confinamiento, homicidios y desplazamientos forzados. Estos escenarios afectan de manera directa los derechos territoriales, la autonomía y participación de estas comunidades étnicas”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

De acuerdo con lo informado por la Defensoría, por estas disputas territoriales de las disidencias, “las 49 comunidades indígenas awá y otros pueblos étnicos pueden ver vulnerados sus derechos al no poder realizar prácticas para su supervivencia como la caza, la pesca y la utilización de ciertas zonas para adelantar la medicina tradicional o rituales propios de su cultura”.

El análisis hecho desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo considera que también existe reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad sobre quienes los actores armados ilegales estarían realizando ofertas a niñas, niños y adolescentes para hacer parte de las estructuras armadas.

“La Defensoría entregó 20 recomendaciones en las que exhorta a entidades nacionales y regionales para que adopten medidas humanitarias para proteger a estas comunidades reconociendo las formas de organización propia de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, indicó en su comunicado.

Finalmente, en la sección de recomendaciones, la Defensoría enfatizó el carácter humanitario de las alertas tempranas, así como el deber de las entidades estatales de promover acciones sin daño y bajo una perspectiva de prevención y seguridad humana.

“Reiteramos nuestra solicitud a los grupos armados ilegales para que tengan gestos de paz y dejen de lado las acciones bélicas que afecta a la población civil y, de manera particular, contra las comunidades indígenas y afro, ya que ellos son sujetos de especial protección constitucional”, concluyó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Defensoría pide acción inmediata ante accionar de grupos armados ilegales en Buenaventura

Según anunció la Defensoría del Pueblo en un comunicado compartido el 31 de agosto, se reiteró el llamado al Gobierno para implementar acciones que permitan salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos de la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

“Rechazamos las acciones violentas de los grupos armados ilegales que se están enfrentando en algunos barrios de la ciudad de Buenaventura, especialmente en las últimas horas en la comuna 7, y que están ocasionando zozobra y temor entre los habitantes del municipio”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales y a las organizaciones criminales, como la banda La Local, con sus facciones los Shottas y los Espartanos, a dejar al margen de las confrontaciones a la población civil”, agregó el funcionario.

Finalmente, Camargo hizo un llamado a los generadores de violencia evitar afectar a los habitantes de Buenaventura: “Pedimos a los violentos respetar los derechos humanos de la población y el Derecho Internacional Humanitario, especialmente el principio de distinción, y evitar que los enfrentamientos generen confinamientos de la población o posibles desplazamientos intraurbanos”.