Una trascendental decisión se presentó en medio de las investigaciones que se adelantan por el llamado “carrusel de los vehículos blindados” en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Por medio de la Resolución 001981, firmada por el director seccional de Bogotá, se avalaron los impedimentos señalados por la fiscal Monsalve, que citó una “enemistad grave” con los procesados por este caso de corrupción.
La fiscal Monsalve aseguró que por las denuncias y los señalamientos hechos por los investigados, le generaron una gran afectación.
“Lo que ha generado en ella una ‘animadversión’ contra estos sujetos procesales. De quienes asegura ha recibido gran daño”, debido a esta situación, que no es común, se decidió aceptar su impedimento y retirarla de los cargos.
“La imparcialidad judicial hace parte de las garantías de los derechos fundamentales al debido proceso. Con el objetivo de su amparo, el legislador ha estipulado causales específicas que, de configurarse, deben ser advertidas por el funcionario judicial, en aras de un adecuado y correcto ejercicio del servidor público de administración de justicia”, precisa la decisión.
Debido a esto, los procesos contra Wilson Javier Devia, John Herny Porras, Harold Hernández y Luis Lizacano por los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos serán asumidos por la fiscalía 41 adscrita al grupo de investigación y judicialización.
En la actualidad, la fiscal Monsalve enfrenta un proceso penal por el delito de concusión por presuntamente exigirle a un empresario un soborno de 600 millones de pesos con el fin de detener la investigación que se adelantaba en su contra.
“Al parecer, abusando de su cargo como de sus funciones”, habría contactado a un abogado conocido como Jimmy Forero Castaño y “solicitó la suma de 600 millones de pesos al señor Martín Ricardo Manjarrés a cambio de archivar una investigación que se adelanta en su despacho, y la cual estaría relacionada con un caso de corrupción en la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, señaló la Fiscalía General en la imputación de noviembre de 2023.
Y es que en octubre de 2021, la fiscal Monsalve habría solicitado una orden de captura contra Manjarrés, sin embargo, esta fue rechazada por un juez “por falta de urgencia” de la misma. Poco tiempo después, en junio de 2022 para ser más exactos, el abogado contactó al hijo del empresario para fijar una reunión “urgente” en el centro comercial Gran Estación, en el occidente de Bogotá, “para hablar de un problema relacionado con la Fiscalía 414 Anticorrupción”.
Pocas horas antes de la reunión, el abogado cambió el lugar del encuentro “por el bar” ubicado en un exclusivo hotel. Jimmy Forero le dijo que él iba de parte de la fiscal Angélica Monsalve, “manifestó ser su amigo y compañero de especialización y que ella le mandaba a hacer el ofrecimiento de ayudarle para que solucionara su problema respecto al caso en su contra”. En la charla, el abogado le pidió al empresario su número personal con el fin de contactarlo directamente y no por intermediarios.
Días después, el mismo abogado citó al empresario nuevamente al hotel. En el encuentro le dijo que la fiscal le proponía archivar el caso “a cambio de una alta suma de dinero”, la cual el jurista calificó como “honorarios”, que en “un principio determinó como 500 millones de pesos. Sin embargo, la víctima pidió formalizar la solicitud en un documento o contrato pero ese mismo día el abogado lo citó para decirle que no se iba a firmar nada y le requirió el compromiso de pago”.
El 24 de julio, se presentó una nueva reunión en el barrio Salitre. “Jimmy Forero siguió haciéndole la solicitud dineraria y le explicó los beneficios de aceptar esa propuesta. En esa oportunidad llamó y habló por teléfono, en altavoz, con la funcionaria, para que la víctima confirmara que venía de parte de ella, para darle confianza de la seriedad de la solicitud y de su relación con la fiscal. Por lo que Martín Ricardo pidió plazo para resolver qué hacía”.
El 26 de julio se fijó otro encuentro, esta vez en la avenida Boyacá con calle 138. En ese momento, “Jimmy le expresó que la abogada estaba molesta porque aún no le había cumplido con la exigencia económica para archivar su caso, requiriéndole el dinero nuevamente o, de lo contrario, lo imputarían”. Mientras esto pasaba, el 8 de agosto la fiscal radicó la solicitud de imputación de cargos contra el empresario Manjarrés.
“Ante la contundencia de las solicitudes de dinero y el conocimiento que tenía del expediente el abogado Jimmy Forero, ya que le comentaba que la fiscal le mostró los elementos materiales probatorios tales como interceptaciones, solicitudes de captura y tenía fotos, Martín Ricardo decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía el 16 de agosto de 2022″.
El 23 de agosto se reunieron en una cafetería, el abogado le insistió con la petición de dinero. “Con el fin de mostrar la relación de confianza con la fiscal, la llamó por una aplicación poniéndola en altavoz, y luego de colgar le hizo la solicitud económica”. Unos días después, en el nuevo encuentro, la víctima accedió a entregar 50 millones de pesos, “de no hacerlo la Fiscalía lo iba a judicializar no solamente a él, sino también a su esposa. Para presionar el pago, Jimmy Forero llamó nuevamente a la fiscal Angélica María Monsalve”.
Este dinero se iba a formalizar haciéndolo pasar por honorarios de 600 millones de pesos, “de los cuales 100 eran para él (Jimmy Forero) y 500 para la fiscal Angélica Monsalve, y le dio plazo hasta el lunes 29 de agosto para la entrega; de no hacerlo, la fiscal iba a continuar con la judicialización”.
Para el fiscal del caso, existen suficientes elementos materiales de prueba para demostrar la participación directa de Monsalve en estos hechos. En su intervención puso de presente la gravedad de la actuación de la funcionaria por su cargo y experiencia.