En serios problemas se encuentra un patrullero de la Policía Nacional que prestaba sus servicios en la ciudad de Tunja, a quien un juez con funciones de control de garantías decidió privarlo de su libertad en establecimiento penitenciario por los presuntos delitos de concusión y falsedad en documento público, a pesar de que no aceptó los cargos imputados.

De acuerdo con las pruebas que fueron reunidas por los investigadores, el uniformado adscrito a la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) estaba haciendo labores de inspección a un establecimiento comercial de la capital de Boyacá el 20 de abril de este año.

Al detectar que existían ciertas irregularidades con la mercancía, el integrante de la Policía le exigió al dueño del establecimiento que le pagara 1.600.000 pesos para evitar que le fuera decomisada una parte de la misma.

También se pudo conocer que el uniformado incluso levantó un acta con información falsa para que el procedimiento de aduanas tuviera una apariencia legal, con el objetivo de ganar la prebenda que le pidió al comerciante.

Otra detención por un hecho similar ocurrió en el barrio Villa Teresa del municipio de Ambalema, en el norte del Tolima, donde el personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación dio captura al juez de esa localidad por su presunta participación en el delito de concusión, ya que le habría hecho exigencias de dinero a dos personas que trabajaban en su mismo despacho.

De acuerdo con las averiguaciones del caso el detenido aprovechaba su cargo de juez promiscuo municipal y su función de nominador, para reclamar el pago de prebendas cada mes a las personas que tenían aspiraciones de ocupar puestos en el juzgado.

Se pudo establecer incluso que los dos ciudadanos que se decidieron a presentar las denuncias, fueron obligados a redactar y firmar cartas de renuncia sin una fecha específica para que el citado juez las pudiera terminar de diligenciar, en el caso de que no le hicieran el pago que les pedía mensualmente de manera puntual.

Toda la investigación se habría originado por una queja disciplinaria que fue formulada por una mujer en el Consejo Seccional de la Judicatura del departamento del Tolima, quien aseguró que el juez de Ambalema le exigió el pago de un millón de pesos cada mes para dejarla trabajar como secretaria en el despacho con un nombramiento en provisionalidad, a lo cual ella se negó. Desde ese preciso momento, según el relato de la afectada, empezó a ser víctima de varias amenazas del hoy procesado.

Entre tanto, otro de los denunciantes manifestó que su aspiración era la de trabajar como citador en el Juzgado Promiscuo Municipal de Ambalema, pero que se encontró con una exigencia del titular del despacho por una suma de 500.000 pesos cada mes para poder obtener el puesto.

A pesar de que el juez vinculado a esta investigación le negó todos los cargos imputados a la delegada fiscal, se determinó que lo más conveniente para el caso era dictar en su contra la medida de detención intramural en un establecimiento penitenciario.

También en el departamento del Tolima se produjo la captura de un exfuncionario de la Secretaría de Movilidad de Ibagué que fue vinculado a una investigación por el presunto delito de concusión, debido a varias irregularidades que habrían ocurrido cuando desempeñaba sus labores en la entidad durante el año 2020.

Aunque no aceptó los cargos imputados, un juez de control de garantías determinó para él la medida de prisión domiciliaria al basarse también en los testimonios de tres ciudadanos a los que les habría solicitado sumas entre los 20.000 y los 80.000 pesos, para poder ayudarles a que sus solicitudes fueran tramitadas de forma más rápida.