Las resoluciones del gobierno Petro para combatir la escasez de energía eléctrica en el país también son objeto de demandas ante el Consejo de Estado, donde llegó un recurso del abogado Germán Calderón España, argumentando que dicho acto administrativo tuvo una falsa motivación que terminó perjudicando a los usuarios de ese servicio público.
La demanda que está en estudio en el alto tribunal para determinar si se acepta, cita que “las motivaciones del acto administrativo acusado son falsas, pues ellas se restringen exclusivamente a las normas aplicables en materia de energía y servicios públicos, pero no constatan, no demuestran que los ciudadanos sean los culpables o responsables de la crisis, debiendo pagar sanciones onerosas que agravarán la situación económica de los hogares, de las familias, de las personas”.
Los principales argumentos de esa “falsa motivación” se basa en que desde hace meses las autoridades competentes fueron alertadas de la crisis inminente que se venía para el servicio de la energía por la escasez de agua en los embalses que producen el servicio a través de las hidroeléctricas.
Pero también cita interrogante sobre las medidas preventivas, las alternativas de integrar energías renovables, los aspectos técnicos en la matriz de energía y por qué no se atendieron las críticas y las alarmas al Gobierno realizadas por diferentes gremios del sector energético.
“Por tal razón, mal hacen los demandados con implementar multas cuantiosas, impagables, a los ciudadanos expuestos a sufrir las ineficiencias del sector y del Gobierno nacional, pero lo que es más grave, con falacias que no motivan adecuadamente el acto administrativo acusado”, dice la demanda de Calderón España.
Además, expresa que “el acto administrativo acusado es nulo, porque está minado de motivaciones incongruentes, inconsistentes, que no guardan ninguna relación o nexo causal entre el daño, la improvisación, la ineficiencia, y la responsabilidad de la ciudadanía”.
Con ese recurso se busca que el Consejo de Estado declare nulo el acto administrativo con el que se establecieron incentivos para los usuarios que ahorren energía o se le imponga multas a quienes sobrepasen el consumo de sus hogares. Esto depende del estrato y la región donde se tome la medida.
“Solicito muy respetuosamente, se decrete la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la norma acusada, en tanto, con ella, se protege y garantiza, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, menciona el documento.
Por ahora el Consejo de Estado estudia el recurso para determinar si acepta la demanda contra la resolución que estableció las medidas para que los usuarios reciban un beneficio si ahorran el servicio o tengan un cobro extra para los que tengan un incremento en la tarifa del recibo.
Hay que recordar que esa tarifa se va a medir según el consumo diario que se haya reportado antes del 15 de marzo, para poder calcular el consumo base de la meta. Si los usuarios consumen más por día se les cobrará el kilovatio adicional con un valor extra de hasta el 30% para los estratos 1, 2 y 3.
La demanda que ya esta en los despachos del Consejo de Estado esta expedida contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); y el Ministerio de Minas y Energía.