El nombramiento de León Fredy Muñoz como embajador de Colombia ante Nicaragua está enredado y sigue en veremos, esto luego que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera para su estudio una demanda que pide declarar nula la designación que hizo el presidente Gustavo Petro, el pasado 9 de septiembre.
En la demanda se alega que Muñoz –quien ha sido concejal y congresista– no cumple con los requisitos de carrera diplomática, consular y mérito alguno para ese cargo. Con su designación, manifiesta, “se resquebraja la confianza que la agencia especial espera de las instituciones gubernamentales”.
En este sentido se argumenta que Muñoz ha ostentado durante muchos años cargos políticos siendo concejal y representante a la Cámara, pero “nunca” ha desempeñado un cargo diplomático o “empleos que por su especialidad se relacionen con el manejo de una embajada, y más, cuando se trata de un país como el venezolano” (sic). Frente a esta situación, reseña que no cuenta con la experiencia en temas de política exterior.
“(…) es evidente que, al momento de su nombramiento existían dentro de la planta del Ministerio de Relacione Exteriores funcionarios que, habiendo superado el período de alternancia, tenían prelación para ser nombrados en el cargo de Embajador en la República de Nicaragua”. Por esto, pide que se revisen los nombres de las personas que se encuentran en carrera diplomática y consultar.
Para el demandante, se afecta el “poder” que tienen los ciudadanos de “ser dirigidos por personas capaces debe ser garantía que los ciudadanos podamos obtener el aparato del Estado, calidad que se predica de la experiencia teórica y práctica que los embajadores, ministros plenipotenciarios y ministros consejeros ostentan en virtud de dicha carrera”.
En el estudio de la demanda, la magistrada ponente no aceptó la medida cautelar que pedía suspender la designación de Muñoz en el cargo. El embajador designado ya fue notificado del proceso para que presente sus respectivos argumentos.
El Gobierno, mediante la secretaría jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia, ya pidió rechazar las pretensiones de la demanda asegurando que no es cierto que se haya incurrido en una irregularidad en el respectivo nombramiento. “Toda la argumentación dirigida a probar que el nombramiento es ilegal al existir funcionarios en el rango de embajador que han cumplido los periodos de alternancia y demás, simplemente no es de recibo en este proceso, en tanto, esta discusión sería pertinente frente a los cargos de carrera diplomática y consular; pero tales condiciones resultan inoponibles a la naturaleza de libre nombramiento y remoción del cargo de embajador, para el caso el embajador ante Nicaragua”.
En el documento conocido por SEMANA se concluye que, “en síntesis, el señor León Fredy Muñoz Lopera cumple con los requisitos legales y reglamentarios para ocupar y ejercer el cargo de embajador, y no existe prueba en contrario”.
El juicio pendiente por narcotráfico
Pese a su designación, León Fredy Muñoz tiene pendiente un juicio penal por el delito de tráfico de drogas. En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia le notificó que mantendrá la competencia para juzgarlo.
En diciembre de 2020, la Corte Suprema acusó al exrepresentante de la Alianza Verde por una investigación, que lleva más de dos años, y que comenzó como un procedimiento de rutina en el Aeropuerto Internacional de Rionegro. Muñoz arribó a esta terminal aérea, en un vuelo procedente de Bogotá, el 31 de mayo de 2018.
En ese momento fue requerido por miembros de la Policía Nacional, quienes lo eligieron para una verificación de antecedentes y una requisa de rutina. La sorpresa para los agentes fue mayúscula cuando descubrieron en un maletín negro de cuero que León Fredy Muñoz transportaba, como equipaje de mano, 145 gramos de cocaína en una bolsa plástica.
De acuerdo con los testigos, el excongresista se mostró sorprendido del hallazgo y negó que esta sustancia fuera suya, por lo que le pidió a uno de los miembros de su escolta que grabara con su celular todos los procedimientos.
En ese momento, el excongresista fue llevado ante un juez de control de garantías y se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Muñoz no aceptó cargos. Sin embargo, por su condición de congresista, que tenía en ese entonces, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, corporación que el 20 de junio de 2019 dispuso la apertura de la investigación por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. De esta manera, la investigación avanza en el alto tribunal.