La polémica por el artículo 65 de Senado y el 68 de Cámara que pretendía crear una mordaza a la prensa en Colombia podría llegar a su fin antes de terminar esta semana, por cuenta del informe de conciliación que se radicó en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El congresista César Lorduy entregó el informe a la plenaria en donde se pide eliminar el artículo 65 Senado y el 68 de la Cámara, que fueron los que generaron polémica en el país porque el Senado aprobó cárcel, multas, pérdida de la personería jurídica de las organizaciones comunitarias y censura a la prensa.

El informe fue elaborado por Lorduy y el senador Carlos Abraham Jiménez. Allí, el representante aseguró que no apoyaría un ataque a la libertad de prensa y por esa razón quedó consignado el retiro de ese artículo para acabar con la polémica y salvar el proyecto que busca frenar la corrupción en Colombia.

Con este informe, el próximo jueves las plenarias podrían someterlo a votación y las mayorías tomarían una decisión sobre la petición de los conciliadores. Al parecer hay toda la voluntad política para retirar ese artículo por la polémica que se generó en el país.

El escándalo ha sido de tal magnitud que el propio presidente Iván Duque pidió a los conciliadores del proyecto que retiren el artículo 68, que representa una amenaza a la libertad de prensa. La argumentación del mandatario se basa en que la libertad de expresión no es un “regalo de la institucionalidad” y, por el contrario, es un derecho inalienable. “Seamos claros. Cualquier propuesta de limitarla debe ser objetada y este mensaje lo extiendo al Congreso de la República”, dijo.

Aunque el presidente Duque lanzó la invitación, está claro que si no se elimina el artículo habrá objeción presidencial. Esto quiere decir que después de conciliado el proyecto de ley, el mandatario lo devolverá al Congreso al considerar que ese peligroso artículo no debe ingresar al ordenamiento jurídico del país.

Todo este intento de censurar a la prensa empezó en el Senado, el 27 de octubre, cuando el senador Germán Varón Cotrino –ponente del proyecto de ley– presentó a la plenaria el articulado de la ley anticorrupción, las modificaciones y proposiciones que fueron radicadas por sus colegas. En su exposición, Cotrino argumentó que lo contenido en la iniciativa estaba orientado a ponerle fin a la corrupción en Colombia y que lo dispuesto tenía el aval del Gobierno.

Durante su relato apareció el ‘mico’ que pondría una mordaza a los periodistas en Colombia y que tiene varios padres que, aunque intentaron ocultar sus nombres con firmas ilegibles, quedaron grabados en el video de la sesión que se transmitía en directo.

“Persecución a funcionarios públicos. El que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta a ciento veinte meses y multa de trece punto treinta y tres a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, dice la proposición que aprobó el Senado y generó todo el escándalo.

Según los conciliadores, encontraron la fórmula para sacar ese artículo y por eso la decisión queda en manos de las plenarias de Senado y Cámara. Al hacer ese trámite, la iniciativa pasaría a sanción presidencial.