Cuando Gladys María Montes, Naver Emelson Garrido, Rodrigo Antonio López, Remberto Ballestas, Neftalí Carmelo Zapata Suárez y Benjamín José Corrales Benítez salieron de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom, tomaron la decisión de solicitar al Estado una indemnización por lo que -consideraron- les debían tras años de trabajo.
Lo hicieron a través de una tutela en un juzgado de Córdoba, una indemnización que ganaron, pero que repitieron con otra tutela ante otro juzgado, ahí la defraudación al Estado mediante un engaño a la justicia y a Telecom. Los extrabajadores les hicieron “conejo” a las autoridades y sacaron provecho económico.
“En ese sentido, un juzgado penal de conocimiento de Montería (Córdoba) condenó a estas personas a seis años y dos meses de prisión, y los declaró responsables del delito de fraude procesal. Adicionalmente, les impuso multa de 200 salarios mínimos mensuales legales e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 60 meses”, señaló la Fiscalía al confirmar que los extrabajadores fueron condenados.
Lo que no se imaginaron Gladys y sus excompañeros de trabajo fue que la Corte Constitucional revocó la segunda tutela con la que se ganaron la nueva indemnización, pero además advirtió las irregularidades, que se convirtieron en una investigación formal por el delito de fraude procesal y la posterior condena.
“La investigación estableció que el 28 de noviembre de 2008, ante un juzgado promiscuo de Cereté (Córdoba), los extrabajadores presentaron una tutela para exigir el pago de salarios y prestaciones sociales que no les reconocieron por el levantamiento de su fuero sindical y posterior despido”, explicó la Fiscalía.
El director anticorrupción de la Fiscalía, Édgar Alirio Calderón, advirtió que los fiscales a cargo de la investigación lograron demostrar, a lo largo del juicio, la responsabilidad que tendrían los extrabajadores de la extinta Telecom en los hechos de defraudación a la empresa a la que estuvieron vinculados por más de una década.
“Esa pretensión les fue aceptada y confirmada en segunda instancia, por lo que la empresa encargada de la liquidación de Telecom desembolsó a cada peticionario los dineros que les correspondía. Sin embargo, el 27 de abril de 2009, las mismas personas interpusieron una segunda tutela ante un juzgado de Montería (Córdoba) solicitando una nueva indemnización por los mismos hechos”, dijo el delegado de la Fiscalía.
Con el material probatorio, los testigos y las decisiones de la Corte Constitucional, un juez tomó la decisión de condenar a los extrabajadores por el engaño que hicieron a la justicia y la millonaria defraudación a Telecom. Se trata de una determinación de relevancia teniendo en cuenta que los condenados utilizaron la justicia para engañar a la empresa.
“El recurso fue fallado a su favor y ratificado, así que la liquidada Telecom atendiendo el fallo, indemnizó a los exempleados y les entregó millonarias sumas de dinero. Posteriormente, la Corte Constitucional declaró improcedente la segunda acción de tutela y revocó la decisión. Señaló que los accionantes indujeron en error al juez, afectaron el patrimonio de la entidad y se ordenó el reintegro de las sumas adicionales que les fueron entregadas”, advirtió el ente acusador.